Las barricadas han vuelto a las calles de Francia. Lo que comenzó como una protesta de estudiantes secundarios en un suburbio de París se ha transformado en una movilización nacional que ha llegado hasta la plaza de la Bastilla.
El reclamo es concreto: una educación digna. Los jóvenes exigen escuelas limpias, baños adecuados, edificios preparados para el frío o el calor y el fin del ausentismo docente. A estas demandas se han sumado la solicitud de más becas, la creación de 250 mil plazas en educación superior y la eliminación de la selección mediante Parcoursup y Mon Master.
El movimiento ha crecido rápidamente. Ya no son solo bachilleres; se han sumado universidades, sindicatos, agricultores y el partido Francia Insumisa. Actualmente, el 90 por ciento de las universidades están bloqueadas y el conflicto se ha extendido incluso hacia Bélgica e Italia.
La tensión es alta. Los enfrentamientos con la policía, que ha respondido con gases lacrimógenos, han dejado cientos de heridos entre estudiantes, personal educativo y agentes. Las cifras oficiales reportan más de 6 mil detenidos, de los cuales el 85 por ciento son menores de 18 años.
El gobierno de Emmanuel Macron intenta contener la crisis. El primer ministro Sébastien Lecornu propuso medias jornadas lectivas para fomentar la "democracia interna", pero las organizaciones estudiantiles, como la Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria, califican estas medidas como decepcionantes y anuncian que no cederán hasta ser escuchados.
Este clima social es comparado con las protestas contra el CPE de 2006, impulsado por el descontento ante el declive económico y el bloqueo político del país. Con una nueva marcha prevista para el 13 de octubre, el gobierno francés se enfrenta a una crisis social creciente.
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