La intervención urbana realizada en una de las zonas más críticas de Cali, ejecutada bajo el marco de la denominada Operación Cristo Rey en el sector de Ciudad Paraíso, ha generado una serie de repercusiones imprevistas que ahora afectan a diversos sectores residenciales y educativos de la ciudad. Según múltiples denuncias ciudadanas remitidas al espacio El País Denuncia, la acción gubernamental no habría eliminado la problemática social, sino que habría provocado el desplazamiento masivo de personas en condición de calle hacia barrios como Guayaquil, Junín, Bretaña y Belalcázar.
Los residentes de estos sectores alertan sobre un deterioro acelerado de la convivencia y la seguridad en sus entornos. Entre las afectaciones más recurrentes que reportan los ciudadanos se encuentran el consumo abierto de sustancias psicoactivas, la acumulación desmedida de residuos sólidos, la realización de quemas, riñas constantes y un incremento en los índices de robos. Esta situación ha llevado a que algunos vecinos establezcan comparaciones con fenómenos sociales ocurridos en otras capitales. Uno de los residentes consultados resumió su preocupación al comparar la situación actual con lo sucedido en Bogotá con el fenómeno del "cartucho", señalando que, aunque se arregló un sitio específico, el problema simplemente se trasladó a otras zonas.
La preocupación de la comunidad se intensifica debido a que estas problemáticas están teniendo una incidencia directa en los alrededores de instituciones educativas. Específicamente, se ha señalado la zona comprendida en la Carrera 16 con Calle 13, en las inmediaciones del Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho, como uno de los puntos críticos de concentración. Los testimonios recolectados indican que en este sector se ha asentado un número considerable de habitantes de calle, quienes permanecen en el lugar durante gran parte del día. Los vecinos describen un escenario donde es común encontrar desechos humanos y basura acumulada junto a personas consumiendo sustancias.
El impacto en la salud y el bienestar de los estudiantes es una de las mayores alarmas. Residentes y padres de familia sostienen que la cercanía de los colegios Santa Librada y Antonio José Camacho expone a los menores a riesgos ambientales, ya que algunas de las sustancias consumidas en el sector producen humos y olores fuertes que llegan hasta el interior de las aulas del instituto. Sumado a esto, se han denunciado actos de vandalismo y degradación del espacio público, tales como la quema de cables en los muros y árboles de la institución Antonio José Camacho. De manera particular, se señaló que el separador de la Calle 13, entre las carreras 15 y 19, se ha convertido en un botadero de basura utilizado por la población desplazada.
La inseguridad se agudiza al caer la tarde. La comunidad advierte que después de las 4:00 p.m., el tránsito por estos sectores se vuelve sumamente difícil y peligroso. Esta situación se ve agravada por el mal estado de la infraestructura eléctrica, ya que existen zonas muy oscuras con luminarias dañadas, lo que facilita que los grupos de habitantes de calle se apoderen del espacio público.
En cuanto a la criminalidad, los residentes vinculan la llegada de esta población con un aumento en los robos de elementos básicos de infraestructura, como contadores, puertas y rejas, además de conflictos violentos y riñas que no eran comunes en el sector días atrás. A este clima de inseguridad se suma el temor entre quienes intentan visibilizar la situación; una fuente indicó que algunas personas que han denunciado públicamente estos hechos han recibido amenazas. No obstante, se reconoció que no existe certeza absoluta sobre el origen de estas intimidaciones, aunque se han vuelto un hecho recurrente para quienes exponen la problemática.
Respecto a la respuesta institucional, los ciudadanos reconocieron que la Policía Nacional ha implementado controles en los sectores hacia donde se desplazó la población de calle. Si bien los residentes valoran la voluntad de los uniformados y aseguran que han actuado "a manos llenas" y con disposición, consideran que la magnitud del problema supera la capacidad de respuesta disponible, ya que la cantidad de personas en las calles sobrepasa los recursos operativos actuales.
