La Dirección General Impositiva (DGI) ha emitido un comunicado oficial este miércoles 7 de octubre para informar sobre el despliegue de inspectores en todo el territorio nacional. Esta medida tiene como objetivo central llevar a cabo acciones de gestión de cumplimiento fiscal, concentrando sus esfuerzos en áreas críticas donde se han detectado irregularidades recurrentes. Entre los principales focos de atención se encuentran la subvaluación de ventas, el uso incorrecto de los regímenes diseñados para pequeños contribuyentes y la ejecución de controles aleatorios relacionados con la inscripción y la facturación.
De acuerdo con la información proporcionada por el organismo estatal, estas acciones para garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales no son nuevas, sino que comenzaron a implementarse a finales del mes de septiembre. La DGI ha subrayado que la determinación de a quiénes se dirigen estas inspecciones no es azarosa, sino que se basa en un riguroso análisis de riesgo de quienes realizan aportes. Este proceso de selección se apoya en la base de datos y la información técnica con la que cuenta la entidad, permitiéndoles abordar específicamente aquellas situaciones que presentan un mayor riesgo de incumplimiento.
En esta etapa de fiscalización, el organismo tributario de Uruguay ha puesto especial atención en aquellos contribuyentes cuyas actividades comerciales están orientadas, en gran medida, hacia los consumidores finales. Según el análisis de riesgo realizado por la entidad, este sector presenta una elevada probabilidad de declarar ventas por debajo de los valores reales. La DGI ha identificado dos modalidades principales de esta irregularidad: la declaración de montos inferiores a los que fueron efectivamente obtenidos en las transacciones, o bien la omisión total de una parte de sus operaciones comerciales en los registros oficiales.
Simultáneamente, la DGI ha puesto la mira en la detección de situaciones donde se haga un uso inadecuado de los regímenes tributarios destinados a los pequeños contribuyentes. El organismo busca identificar casos específicos en los que el nivel de actividad económica de ciertos comercios evidencie que sus ventas exceden los límites establecidos para permanecer bajo dichos regímenes. El objetivo de esta práctica irregular es obtener un tratamiento tributario más favorable del que realmente les correspondería según su volumen de facturación y escala de negocio.
Además de estas acciones dirigidas a perfiles de riesgo específicos, el Estado uruguayo está implementando una estrategia de controles aleatorios de inscripción y facturación. Estas verificaciones se están llevando a cabo de manera transversal en todo el territorio nacional, asegurando que la normativa sea respetada independientemente del sector o la ubicación del contribuyente.
La entidad fiscal detalló que la intensidad y el alcance de las acciones emprendidas se definen estrictamente en función del nivel de riesgo identificado en cada caso particular. Dependiendo de la gravedad o la probabilidad de incumplimiento detectada, la DGI puede optar por diferentes niveles de intervención. En primer lugar, el organismo puede enviar comunicaciones preventivas y alertas a los contribuyentes. En casos donde se confirmen desvíos, la entidad puede intimar a los contribuyentes a corregir sus obligaciones fiscales. Finalmente, para aquellas situaciones catalogadas como de mayor riesgo, no se descartan actuaciones de fiscalización más profundas y exhaustivas.
Para brindar seguridad y transparencia al proceso, la DGI ha recordado a la ciudadanía y a los comerciantes que los inspectores deben estar debidamente identificados mediante su carné institucional. Como medida adicional de seguridad, la dependencia estatal ha habilitado una línea telefónica específica, el (2) 1344 6671, la cual está destinada exclusivamente a atender consultas sobre la identidad de los funcionarios que se presenten en los establecimientos para realizar las tareas de control.
