Cuba atraviesa actualmente un periodo de profundo aislamiento regional, coincidiendo con una ola de ultraderecha que afecta a diversas latitudes. En este contexto de fragilidad, el gobierno cubano mantiene la expectativa de que las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos marquen un giro en la política exterior de Washington, apostando por un triunfo demócrata que permita aliviar la presión actual.
La relación entre ambas naciones ha estado marcada por la confrontación durante más de seis décadas. El asedio punitivo comenzó en 1960 bajo la administración de Dwight Eisenhower, en el marco de la Guerra Fría, como respuesta a la revolución socialista y el vínculo de la isla con la antigua Unión Soviética (URSS). Este embargo se intensificó en 1962 con John F. Kennedy, quien amplió las restricciones al comercio, y se consolidó en 1963 mediante las Cuban Assets Control Regulations, que afectaron transacciones financieras y activos cubanos.
A pesar de este historial, existieron periodos de distensión, destacando la presidencia de Barack Obama (2009-2017). En diciembre de 2014, Obama y Raúl Castro anunciaron el restablecimiento de relaciones, lo que llevó a la reapertura de embajadas en 2015 y a una flexibilización de remesas, viajes y operaciones comerciales. El punto culminante fue la visita de Obama a Cuba en 2016, siendo el primer presidente en ejercicio en hacerlo desde 1928. Aquella estrategia buscaba sustituir el aislamiento por el compromiso diplomático y el "poder blando".
Sin embargo, con la llegada de Donald Trump, especialmente en su segundo mandato, la política estadounidense retornó a una línea de endurecimiento extremo. La implementación de un bloqueo al suministro de combustible, basada en una "diplomacia de las cañoneras", ha tenido como objetivo el desgaste de las capacidades nacionales para forzar un cambio de régimen. Esta situación ha agravado los apagones y ha sumido a la población en una crisis comparable al "Período Especial" vivido tras la desaparición de la URSS y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), época en la que el PIB cubano cayó cerca de un 36% entre 1990 y 1993.
La presión se intensificó en agosto de este año con la Orden Ejecutiva 14404, que impone sanciones a funcionarios y entidades estatales en sectores como la minería, la industria metalúrgica y el comercio exterior. Entre las entidades afectadas se encuentra el Ministerio de la Construcción. Washington, a través del secretario de Estado Marco Rubio, sostiene que estas organizaciones financian el aparato represivo y han utilizado grupos pantalla para infiltrarse y radicalizar ciudadanos estadounidenses, atentando contra la seguridad nacional.
A este escenario se suma el cierre del flujo petrolero proveniente de Venezuela, derivado del secuestro de Maduro y un bloqueo petrolero naval. El resultado ha sido una crisis energética severa que ha provocado el desplome de la economía, la devaluación de la moneda, el impacto negativo en el turismo y una precarización de la subsistencia de los habitantes. El propio Donald Trump, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, calificó a Cuba como un "Estado fallido" y afirmó que, aunque el comunismo no llegará a EE.UU., "la libertad llegará a Cuba".
Esta retórica se ha traducido en acciones concretas dentro de una competencia geoestratégica que involucra a China y otros actores. La seguridad hemisférica ha escalado hacia una dimensión militar explícita, manifestada en el bombardeo de supuestas "narcolanchas", la intervención en Venezuela y la creación del "Escudo de las Américas", un nuevo TIAR. Recientemente, CBS News informó que Washington evalúa reforzar el Comando Sur con seis unidades de apoyo, incluyendo batallones de ingenieros y de apoyo logístico, por un periodo de 90 a 120 días.
Ante estas amenazas, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que EE.UU. no encontrará justificación para un ataque militar contra un vecino que no representa una amenaza para su seguridad. Rodríguez subrayó que Cuba ha adoptado medidas para aumentar su capacidad defensiva, evitando incursiones similares a la ocurrida el 3 de enero de 2026 en Caracas.
Como respuesta a las restricciones externas y a deficiencias de gestión interna, el Gobierno cubano ha iniciado una apertura económica. El Consejo de Estado aprobó cerca de 176 reformas para transformar el sistema empresarial, modificando leyes sobre micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia. Estas medidas permiten que empresas privadas gestionen hoteles, alquilen autos y realicen importaciones comerciales, sectores históricamente dominados por el Estado.
Desde el plano jurídico, la estrategia de Washington es vista como una violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de la ONU de 1945, la Resolución 1514 (XV) de 1960 y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966. La Asamblea General de la ONU ha respaldado esta postura en 33 votaciones consecutivas. El 29 de octubre de 2025, la resolución A/RES/80/4 pidió el fin del embargo con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones (incluyendo el voto a favor de Chile). Posteriormente, el 7 de julio de 2026, la ONU reabrió el debate sobre el tema con 136 votos a favor.
Finalmente, Cuba permanece aislada en la región, con excepciones como un México condicionado por su proximidad a EE.UU. y un Brasil estratégico. La esperanza de La Habana reside ahora en que un triunfo demócrata en el Parlamento estadounidense pueda revertir la política de unilateralismo y destrucción del multilateralismo, permitiendo un diálogo para implementar cambios de forma controlada.
