Tensión diplomática entre Cuba y Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han confiscado más de 600 mil galones de biodiésel destinados a la isla, un cargamento valorado en aproximadamente 2.8 millones de dólares.
El decomiso, realizado por agencias del Departamento de Seguridad Nacional, ocurrió en los puertos de Everglades, en Florida, y Houston, en Texas. Según José R. Figueroa, agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, esta operación responde a un intento deliberado de socavar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Enetec, la compañía cubana que recibiría el combustible.
La respuesta de La Habana fue inmediata. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó estas acciones como «ilegales», comparándolas con actos de «piratería y pillaje». El funcionario sostuvo que la importación de combustibles es legal según la legislación nacional y el derecho internacional, denunciando que intimidar a Estados soberanos o empresas transportistas con amenazas de represalias es una práctica inaceptable.
Fernández de Cossío describió como «inmoral y criminal» el someter a un pueblo entero a una «asfixia económica» como castigo colectivo con fines políticos.
Este incidente ocurre en un momento crítico para Cuba, que atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024. La situación se ha agravado por el asedio petrolero estadounidense, medida que Naciones Unidas ha calificado como contraria al derecho internacional. Actualmente, la isla enfrenta escasez de alimentos y medicinas, además de apagones diarios debido a la obsolescencia de sus centrales eléctricas y el déficit de combustibles.
Mientras Washington mantiene sus sanciones contra sectores vitales de la economía cubana, La Habana denuncia que estas medidas paralizan casi totalmente su economía.
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