Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se transformó en el rostro y símbolo de la crisis de vivienda en España, falleció este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. La octogenaria había sido ingresada en el centro sanitario tras haber sido desalojada de la vivienda en la que residió durante más de siete décadas el pasado 23 de septiembre.
El caso de Abascal no solo tuvo un impacto humano, sino que desencadenó una masiva ola de protestas en todo el territorio español. La repercusión social fue tal que impulsó al gobierno del presidente Pedro Sánchez a proponer medidas de alivio urgentes en materia de vivienda. Sin embargo, la tensión política escaló la semana pasada cuando el Parlamento rechazó dos decretos propuestos por el Ejecutivo, un revés que llevó a Sánchez a adelantar las elecciones generales, las cuales quedaron fijadas para el próximo 29 de noviembre.
Ante el fallecimiento de la mujer, el mandatario español manifestó su pesar a través de un mensaje en el que expresó “todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen”, añadiendo un abrazo a todas aquellas personas que sienten esta pérdida como propia.
Desde que se ejecutara el desahucio, miles de ciudadanos se movilizaron en la Puerta del Sol de Madrid, donde se mantiene activo un campamento de protesta. El Sindicato de Inquilinas, organización que lideró la lucha legal y social para intentar evitar el desalojo, confirmó la noticia mediante un comunicado. En el documento, la organización señaló que, aunque se logró alcanzar un acuerdo histórico que habría permitido a Maricarmen regresar a su hogar, dicha solución llegó demasiado tarde, calificando la situación como "absolutamente evitable tras un proceso torturante".
A pesar de permanecer hospitalizada desde el 23 de septiembre, Maricarmen mantuvo su compromiso con quienes la apoyaban. Desde su cama de hospital, envió mensajes de aliento a los manifestantes, instándolos con las palabras: “Luchad, defended lo que es vuestro”.
La tragedia de Maricarmen puso de relieve la precariedad habitacional en España. El país enfrenta un incremento exponencial en los precios de los alquileres, impulsado por una combinación de escasez de oferta, el crecimiento poblacional en las grandes capitales y la presión ejercida por los apartamentos turísticos de corta duración. En respuesta a su muerte, cientos de personas marcharon la noche del miércoles hacia el Congreso de los Diputados para manifestar su indignación.
Diversas autoridades gubernamentales también expresaron sus condolencias. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, escribió en la red social X su reconocimiento a quienes acompañaron y lucharon junto a la mujer hasta el final. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó la valentía y dignidad de Maricarmen.
En el plano político, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y principal rival de Pedro Sánchez para los comicios de noviembre, pidió que el fallecimiento no fuera utilizado con fines partidistas. "Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro", afirmó en sus redes sociales, mientras extendía el pésame a los familiares de la fallecida.
El Sindicato de Inquilinas ha vinculado este caso con un problema sistémico, asegurando que el acoso de los rentistas y las subidas de alquiler afectan directamente la salud y la vida de las personas. Como medida de presión, la organización ha convocado una huelga general para el próximo 11 de noviembre, exigiendo soluciones definitivas al problema de la vivienda.
Los detalles del conflicto habitacional revelan que Maricarmen era inquilina de un piso de 92 metros cuadrados en el barrio de Retiro, en el centro de Madrid. Su vínculo con la propiedad se remontaba a 1956, año en que su padre firmó el contrato original. Tras el fallecimiento de su padre, el contrato pasó a su esposa y, finalmente, en 2005, pasó a Maricarmen.
La vivienda estaba acogida al régimen de renta antigua, contratos firmados durante la dictadura franquista que mantenían condiciones económicas muy bajas en comparación con el mercado actual. Maricarmen pagaba 500 euros mensuales, una cifra muy inferior a los precios de la zona.
La situación cambió en 2018, cuando el edificio fue vendido a la empresa Renta Corporación. Dos años después, la empresa le ofreció comprar el piso por 247.000 euros, propuesta que ella rechazó al no poder asumir el coste. Posteriormente, en 2020, la vivienda fue vendida a Urbagestión.
La nueva propietaria, Urbagestión, pretendió actualizar la renta, exigiendo inicialmente 2.650 euros mensuales y, posteriormente, aceptando una cifra de 1.650 euros. Esta última cantidad superaba la pensión mensual de Maricarmen, que ascendía a 1.350 euros. Maricarmen, quien se jubiló en 1998 tras trabajar 32 años como secretaria en una empresa farmacéutica, continuó pagando los 500 euros originales, mientras la empresa reclamaba la actualización del monto.
El conflicto terminó en los tribunales. Según el Tribunal Supremo, el contrato no podía prolongarse indefinidamente al tratarse de una segunda sucesión. Tras varios intentos fallidos, la comisión judicial ejecutó el desahucio el 23 de septiembre. Aunque Urbagestión aceptó finalmente que la mujer regresara pagando una renta similar a la original bajo un nuevo contrato, la muerte de Maricarmen impidió que este regreso se materializara.
