El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha concretado la compra de 6.000 pares de guantes de descarga eléctrica mediante un contrato valorado en 16,7 millones de dólares. La adquisición se produce tras la realización de un ejercicio militar cuyos resultados, que no habían sido publicados anteriormente, indican que el dispositivo es tan eficaz que provoca un dolor intenso y una sumisión inmediata en quienes lo experimentan.
Los detalles de esta operación salieron a la luz gracias a documentos obtenidos por el grupo de vigilancia American Oversight a través de una demanda basada en la Ley de Libertad de Información, los cuales fueron posteriormente compartidos con la agencia Associated Press. Según los archivos, los responsables de ICE ya tenían conocimiento de los efectos del dispositivo antes de formalizar el contrato en agosto pasado.
El fundamento de esta compra se basa en un estudio llevado a cabo en octubre de 2024 en la prisión militar de Fort Leavenworth, situada en Kansas. Durante este ejercicio, empleados del ejército asumieron el rol de prisioneros combatientes para poner a prueba la eficacia de los guantes en diversos escenarios críticos. Entre las pruebas se incluyeron simulacros de desalojo forzoso de reclusos agresivos de sus celdas, respuestas a disturbios en áreas comunes y el traslado de internos que se resistían a las órdenes.
Los resultados del estudio fueron contundentes. El documento revela que los participantes, incluso aquellos hombres de gran estatura, dejaron de luchar apenas unos segundos después de que los oficiales aplicaran las descargas eléctricas al contacto con la piel. Los efectos reportados no se limitaron al momento del impacto; los sujetos quedaron con sensaciones de fatiga, dolor y una "aprensión excesiva" a ser expuestos nuevamente a las descargas. De hecho, los autores del estudio señalaron que, tras la primera experiencia, la simple visión del guante era suficiente para que los participantes decidieran cooperar.
Desde la perspectiva técnica, el estudio aclara que estos guantes no funcionan como un Taser, ya que no provocan una parálisis corporal completa. En su lugar, el dispositivo "sobrecarga las terminaciones nerviosas periféricas" de la piel para generar dolor. Se observó además que factores externos influyen en la intensidad: los participantes que tenían la piel mojada o con aceite describieron descargas aún más fuertes, y un individuo informó haber sentido molestias durante 30 minutos después del incidente.
ICE ha defendido la adquisición calificando los guantes como "dispositivos de distracción y desescalada". Según la agencia, estas herramientas serán más seguras que otras opciones no letales para someter a personas detenidas, deportadas o manifestantes en disturbios civiles. El argumento central de la institución es que la obediencia rápida que generan los guantes aumentará la seguridad de los agentes y evitará situaciones que puedan derivar en el uso de fuerza letal.
Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas. Organizaciones de derechos humanos y observadores advierten que este equipo otorga a ICE una herramienta adicional para la intimidación y la brutalidad, especialmente en un contexto donde la agencia ya es cuestionada por el uso excesivo de la fuerza. Los críticos subrayan que los guantes son fáciles de utilizar y, crucialmente, no dejan marcas físicas visibles, lo que podría dificultar la denuncia de abusos. Además, se ha resaltado que el propio fabricante, Compliant Technologies LLC, advierte que el dispositivo no debe utilizarse en poblaciones de alto riesgo, como niños, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.
Chioma Chukwu, CEO de American Oversight, expresó su alarma ante el despliegue de una herramienta diseñada para infligir dolor intenso sin que se haya demostrado plenamente que sea segura para las personas. Para Chukwu, la evaluación militar demuestra que el dispositivo obliga a la obediencia a través del dolor, pero no valida su seguridad.
En el ámbito político, la senadora de Nevada, Catherine Cortez Masto, junto a otros 15 senadores demócratas, ha solicitado formalmente que ICE abandone el plan de compra o explique detalladamente los protocolos de gestión para evitar abusos. Hasta la fecha, la senadora afirma que la agencia no ha respondido a su misiva enviada el 27 de agosto.
Por su parte, Tom Homan, asesor de la Casa Blanca en materia de fronteras, indicó que la implementación en el terreno podría demorar mientras se finalizan las políticas y la capacitación. El fabricante, Compliant Technologies LLC, tiene un plazo de seis meses para entregar los equipos, aunque su propietario, Jeff Niklaus, no ha dado declaraciones al respecto.
