El Gobierno de Colombia ha puesto sobre la mesa una propuesta legislativa denominada Estatuto Antiterrorista, un proyecto que ya ha comenzado a generar fuertes controversias en el ámbito político y jurídico del país. El documento, cuya existencia y contenido fueron divulgados inicialmente por Caracol Radio, consta de más de 130 artículos y busca redefinir la estrategia de seguridad nacional frente a las amenazas internas.
La confección de este texto ha sido liderada por el Ministerio del Interior. El titular de dicha cartera, Rodrigo Lara, ha defendido la iniciativa asegurando que el objetivo primordial es endurecer la política de seguridad nacional. Según el ministro, el estatuto pretende perseguir con mayor rigor las finanzas de las estructuras criminales y, fundamentalmente, reclasificar a los Grupos Armados Organizados bajo la categoría de organizaciones terroristas.
Sin embargo, la propuesta ha recibido críticas severas por parte de sectores del Legislativo. El congresista Cepeda ha manifestado su profunda preocupación, señalando que el modelo de referencia utilizado para la redacción del proyecto es la jurisprudencia estadounidense, lo cual, a su juicio, plantea riesgos significativos para el contexto colombiano. Una de las mayores alertas emitidas por el parlamentario radica en la acepción que el proyecto de ley otorga al término "terrorista".
Cepeda sostiene que la definición es tan vaga que podría aplicarse a cualquier acción capaz de producir miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o el uso de la violencia. Esta amplitud conceptual, advierte el congresista, permitiría que potencialmente cualquier clase de conducta ilícita, o incluso acciones que actualmente se encuentran dentro del marco de la legalidad, fueran catalogadas como terrorismo. En un análisis crítico sobre el alcance de estas definiciones, el legislador apuntó a través de su cuenta en la red social X que, bajo tales criterios, el actual gobierno mismo podría entrar en esa categoría.
Otro de los puntos más controvertidos es la potestad que el proyecto otorga a la autoridad ejecutiva. Según la propuesta, el Ejecutivo podría arrogarse la facultad de incluir a personas o grupos en una denominada “lista de organizaciones terroristas” sin que medie una decisión judicial previa. Para Cepeda, esta medida crearía las condiciones ideales para la arbitrariedad y la toma de decisiones de carácter dictatorial, al eliminar el filtro de un juez independiente.
El congresista enfatizó que la posibilidad de incluir a individuos, y no solamente a organizaciones, en estas listas, abre la puerta a diversas violaciones de los derechos individuales y las libertades públicas. Entre los peligros señalados se encuentran las afectaciones irreparables al buen nombre, la imposición de sanciones económicas y la generación de graves daños patrimoniales, todo esto sin que existan antecedentes, condenas o sanciones de carácter penal previas.
En este sentido, Cepeda calificó el proyecto como la antesala de un régimen dictatorial, donde las libertades ciudadanas quedarían en peligro y sometidas a la voluntad de un gobernante déspota. A esta preocupación se suma el cuestionamiento sobre la creación de la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo. El parlamentario señaló que este cargo se convierte en una posición con plenos poderes, definida bajo un estado de excepción por Abelardo de la Espriella. Un aspecto particularmente crítico es que el cargo estaría previsto para una duración de cinco años, lo que excede el periodo de cualquier gobierno.
Finalmente, el congresista resumió que, de aprobarse el estatuto con el contenido presentado en el borrador, la Constitución de 1991 habría sido "sepultada", dejando el camino libre para que un régimen despótico y autoritario atente contra los derechos humanos de la ciudadanía colombiana.
El Estatuto Antiterrorista, tras su presentación ante el Consejo de Política Criminal, deberá seguir el trámite legislativo correspondiente y será debatido en el Congreso de la República para determinar su viabilidad y eventual aprobación.
