En una jornada marcada por la exigencia de rendición de cuentas, un grupo de ciudadanos se presentó el día de ayer en las instalaciones del Municipio del distrito de Arraiján, ubicado en la provincia de Panamá Oeste. El objetivo primordial de esta movilización fue demandar una transparencia total en el manejo de los fondos públicos y solicitar información detallada sobre los recursos financieros que han sido recibidos y gestionados por la administración municipal encabezada por Stefany Peñalba.
La movilización estuvo respaldada por la agrupación Acción Grupal Unidos por Arraiján, cuyos representantes manifestaron su preocupación ante la gestión actual de los recursos. El abogado Abdiel González, actuando en representación de dicha organización, fue uno de los voceros principales durante el encuentro. González señaló que existen dudas razonables y preocupaciones profundas sobre el destino y manejo de una suma superior a los 900 mil dólares que fueron recibidos por la municipalidad.
Además de este monto, el abogado puso especial énfasis en otros 500 mil dólares adicionales, los cuales provendrían de los fondos de descentralización. Según el representante de Acción Grupal Unidos por Arraiján, es imperativo que la administración municipal brinde claridad sobre cómo se están ejecutando estos recursos y bajo qué criterios se están asignando, dado que se trata de fondos destinados al beneficio del distrito.
De acuerdo con las declaraciones de González, el grupo de ciudadanos acudió al municipio con la intención de participar activamente en la sesión del Concejo Municipal. El propósito de asistir a dicho encuentro era obtener respuestas concretas y conocer los detalles técnicos y financieros sobre los recursos mencionados. No obstante, el abogado denunció que se les habría impedido el ingreso y la participación en la sesión, a pesar de que los ciudadanos consideran que este tipo de reuniones deben ser públicas para garantizar la fiscalización social.
Esta situación ha generado un malestar adicional entre los asistentes, quienes sostienen que la apertura de las sesiones del Concejo Municipal es un derecho fundamental para asegurar que la administración pública opere bajo los principios de transparencia. Por ello, la agrupación no solo cuestionó el manejo del dinero, sino que pidió formalmente que se garantice la participación ciudadana en las futuras sesiones del ente municipal, evitando que se restrinja el acceso a la información y al debate público.
Sumado a las dudas financieras, la agrupación Acción Grupal Unidos por Arraiján manifestó su rechazo y objetó los despidos de personal que se han registrado recientemente dentro de la estructura del municipio. Para los ciudadanos, estas acciones administrativas, sumadas a la falta de claridad en el gasto, forman parte de un panorama que requiere una revisión exhaustiva.
Este escenario de tensiones ciudadanas no es un hecho aislado, ya que se alinea con acciones institucionales internas. La presidenta del Concejo Municipal, Yohana Saldaña, ya ha tomado medidas formales al presentar una solicitud de auditoría ante la Contraloría General de la República. La funcionaria municipal fundamentó su pedido en la existencia de fondos que, según su análisis y reporte, no estarían debidamente justificados en los registros de la administración.
La solicitud de auditoría presentada por Saldaña refuerza los cuestionamientos planteados por la ciudadanía, ya que apunta a la misma problemática: la falta de justificaciones claras sobre el uso de los recursos económicos. La intervención de la Contraloría será decisiva para determinar si el manejo de los fondos en la administración de Stefany Peñalba se ha ajustado a la ley o si existen irregularidades en el proceso de ejecución presupuestaria.
En resumen, el Municipio de Arraiján enfrenta actualmente una presión dual. Por un lado, la presión social ejercida por organizaciones como Acción Grupal Unidos por Arraiján, que exigen transparencia y el respeto a la participación ciudadana; y por otro, un proceso de fiscalización institucional impulsado desde la presidencia del Concejo Municipal hacia la Contraloría. Ambas vías convergen en la necesidad de aclarar el destino de los más de 900 mil dólares y los 500 mil dólares de descentralización, así como de revisar la legalidad de los despidos y la gestión administrativa actual.
