Francia atraviesa una crisis estudiantil que ha movilizado a entre 250.000 y 400.000 personas en las principales ciudades del país. A dos semanas del inicio de las protestas, el Gobierno de Emmanuel Macron ha anunciado la suspensión de las clases durante esta semana para intentar facilitar el diálogo entre los centros educativos y los alumnos.
En París, la tensión alcanzó su punto máximo en la plaza de la Nación, donde la policía utilizó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a cerca de 60.000 manifestantes. La situación es similar en Lyon, donde marcharon entre 20.000 y 25.000 personas, resultando en al menos once heridos, incluyendo agentes antidisturbios. Otras ciudades como Rennes y Burdeos también registraron concentraciones y enfrentamientos.
El balance provisional del Ministerio del Interior es severo: desde el 28 de septiembre se han realizado 6.547 arrestos, la mayoría de menores de edad. Solo este martes fueron detenidas 488 personas. En cuanto a los heridos, las cifras reportadas por el primer ministro indican 215 estudiantes, 85 profesores y 715 efectivos policiales afectados.
Ante este escenario, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos del Hombre ha expresado su máxima preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza, instando al Ejecutivo a garantizar el respeto a las libertades fundamentales y a reforzar la escucha hacia la juventud.
Un caso crítico ha conmocionado a la opinión pública: Eden, un estudiante de 14 años, sufrió una doble fractura de mandíbula tras ser alcanzado por una granada de gas lacrimógeno. La Fiscalía ya ha acusado de agresión al agente de policía responsable del disparo.
Mientras tanto, el presidente Macron mantiene reuniones urgentes en el Palacio del Elíseo con sus ministros de Educación e Interior para abordar la crisis.
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