¿Qué pasaría si la colegiatura profesional dejara de ser obligatoria? El proyecto de ley propuesto por la diputada Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano, ha dado un giro importante: ahora se requerirán 38 votos en la Asamblea Legislativa para su aprobación.
Esta decisión surge luego de que la Corte Plena concluyera que la iniciativa incide directamente en la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. Según el informe técnico de la magistrada Julia Varela, la reforma tendría efectos concretos en la administración de los recursos humanos judiciales. Actualmente, numerosos puestos exigen colegiatura activa; si la ley se aprueba, la institución deberá revisar manuales de puestos y modificar los criterios de selección y nombramiento.
El proyecto establece que la incorporación a los colegios profesionales sea voluntaria, aunque contempla excepciones para profesiones como derecho, medicina e ingenierías, así como para funcionarios públicos. Para suplir la función de los colegios, la iniciativa plantea la creación de un Registro Nacional de Profesionales adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Uno de los puntos más críticos es la vigilancia ética. Al no depender de los tribunales de honor de los colegios, el Poder Judicial tendría que implementar sus propios mecanismos para verificar la habilitación profesional y evitar el nombramiento de personas cuya idoneidad haya sido cuestionada.
Asimismo, el informe advierte que el cambio impactaría plataformas tecnológicas de gestión humana y componentes salariales vinculados a la carrera profesional y la dedicación exclusiva. Este proceso implicaría una carga administrativa adicional para la Dirección de Gestión Humana, que deberá adecuar sistemas y capacitar al personal para adaptarse al nuevo esquema legal.
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