La Fiscalía encargada de llevar la causa judicial contra el exmandatario ha emitido una confirmación determinante respecto al estatus legal y las gestiones diplomáticas relacionadas con su proceso en los Estados Unidos. De acuerdo con la información proporcionada por los fiscales que dirigen el caso, el Estado venezolano nunca realizó un reclamo formal sobre la figura de Maduro, ni solicitó la aplicación de inmunidad diplomática o presidencial para evitar que fuera juzgado ante las instancias judiciales estadounidenses.
Este punto resulta fundamental para el desarrollo del proceso legal, ya que la inmunidad suele ser un mecanismo utilizado por los Estados para proteger a sus altos funcionarios de la jurisdicción de tribunales extranjeros. Sin embargo, en este caso particular, la Fiscalía ha sido enfática al señalar que no existió ninguna solicitud de este tipo por parte de las autoridades venezolanas. La ausencia de un pedido de inmunidad deja el camino abierto para que el proceso judicial continúe su curso sin las protecciones que normalmente amparan a un jefe de Estado en ejercicio.
El argumento central sostenido por los fiscales se basa en la falta de reconocimiento institucional de Maduro como presidente. Según los alegatos presentados, existe una coincidencia en la postura de dos entidades clave: la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores. Los fiscales sostienen que ninguna de estas dos instituciones ha reconocido a Maduro en calidad de presidente. Esta falta de reconocimiento mutuo es el pilar sobre el cual se construye la tesis de la Fiscalía para desestimar cualquier pretensión de inmunidad.
Desde la perspectiva de la Fiscalía, si ni siquiera la administración estadounidense ni el propio ejecutivo venezolano en Miraflores reconocen la investidura presidencial de Maduro, no existiría una base legal ni política para que la corte federal haga lo contrario. Por lo tanto, el organismo fiscal solicita que el tribunal federal mantenga esta misma línea y no reconozca a Maduro como presidente, lo que invalidaría cualquier argumento basado en la inmunidad soberana.
La postura de los fiscales es clara: la inmunidad judicial no puede otorgarse de manera automática o arbitraria, sino que debe responder a un reconocimiento oficial del cargo y a una solicitud expresa del Estado correspondiente. Al confirmarse que Venezuela no reclamó a Maduro ni pidió su inmunidad, se elimina el obstáculo procesal que podría haber detenido el juicio en los Estados Unidos.
El análisis de los fiscales subraya que el reconocimiento de un mandatario es un acto político y legal que tiene repercusiones directas en la jurisdicción de las cortes. Al no existir dicho reconocimiento por parte de la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos no tiene razones para otorgar privilegios judiciales. De manera similar, el hecho de que Miraflores tampoco lo reconozca, según lo alegado por los fiscales, refuerza la posición de que Maduro no ostenta la calidad de presidente que amerite una protección especial frente a la justicia federal estadounidense.
En conclusión, la Fiscalía ha dejado establecido que no hay gestiones diplomáticas ni solicitudes oficiales que respalden la inmunidad de Maduro. La premisa es sencilla y directa: sin reconocimiento por parte de la Casa Blanca y sin reconocimiento por parte de Miraflores, la corte federal no debe reconocerlo como presidente. Esta confirmación cierra la posibilidad de utilizar el argumento de la inmunidad presidencial como una herramienta de defensa en la causa que se sigue contra el exmandatario, dejando el caso sujeto a las decisiones y procedimientos habituales de la justicia federal de los Estados Unidos.
