El Gobierno de Costa Rica ha hecho oficial la fecha de apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Este nuevo recinto penitenciario, calificado como una «megacárcel», será inaugurado el próximo 14 de octubre. La instalación ha sido diseñada con una capacidad para albergar a 5.100 internos y se fundamenta en el modelo de seguridad implementado en El Salvador bajo la gestión del presidente Nayib Bukele.
La presidenta Laura Fernández presentó el proyecto a través de un video donde se le observa inspeccionando las instalaciones. En su intervención, Fernández justificó la creación del CACCO basándose en el dolor de las víctimas inocentes y el miedo que viven las familias honestas. Asimismo, señaló que el pueblo costarricense se encuentra cansado de la impunidad y demanda acciones contundentes contra los delincuentes, asegurando que el centro ya se encuentra listo para operar.
El origen de esta obra se remonta a enero pasado, cuando el entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, encabezaron el acto oficial de inicio de las obras. El CACCO se ha construido en la localidad de San Rafael, provincia de Alajuela, situándose específicamente junto a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, a una distancia aproximada de 25 kilómetros de la capital, San José.
Con una valoración económica de unos 35 millones de dólares, la megacárcel costarricense se inspira directamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. El CECOT es el recinto destinado a pandilleros y se ha convertido en el símbolo de la estrategia de «guerra» contra las bandas criminales liderada por Bukele. Para la presidenta Fernández, el mandatario salvadoreño representa un referente fundamental en materia de seguridad pública.
La implementación del CACCO es una pieza central de la estrategia de seguridad prometida por Fernández y el gobierno anterior, liderado por Rodrigo Chaves. Chaves, quien es mentor de la actual presidenta y desempeña ahora los cargos de ministro de la Presidencia y de Hacienda, ha impulsado una política de «mano dura» contra el crimen organizado. Esta visión incluye no solo la construcción de infraestructura de alta seguridad, sino también una restricción severa de los «privilegios» otorgados a los reclusos.
Como parte de este enfoque restrictivo, el Gobierno de Fernández ha puesto en marcha diversos programas y normativas dentro del sistema penitenciario. Entre estas medidas destaca la obligatoriedad de que los presos realicen trabajos, tales como la limpieza de maleza en las carreteras. Adicionalmente, se han reducido las visitas conyugales y se han impuesto límites estrictos a la cantidad de recipientes de comida y ropa que los familiares pueden ingresar a los centros penales. En un esfuerzo por eliminar comodidades y reducir riesgos, se han retirado los enchufes y cables eléctricos de las celdas, y se ha procedido al cierre de los establecimientos internos donde los reclusos podían adquirir artículos.
Este endurecimiento de las condiciones carcelarias y la construcción del CACCO ocurren en un contexto de tensiones, donde el Ejecutivo ha manifestado críticas hacia el desempeño del Poder Judicial. Paralelamente, Costa Rica atraviesa una situación compleja de seguridad, enfrentando cifras históricas de homicidios que alcanzan los novecientos casos anuales. Según las autoridades, aproximadamente el 70 % de estos crímenes están vinculados directamente con el narcotráfico.
El vínculo entre las administraciones de Costa Rica y El Salvador ha sido estrecho en materia de seguridad. En diciembre pasado, Rodrigo Chaves visitó El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y recorrer personalmente las instalaciones del CECOT. Por su parte, Bukele visitó Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, ocasión en la que recorrió la principal cárcel del país y advirtió sobre la presencia de «síntomas» de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador durante el auge de las pandillas.
