El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha brindado precisiones sobre el cronograma esperado para la culminación del proceso electoral de 2026. Según las estimaciones del titular del organismo, los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales podrían darse a conocer durante los primeros días del mes de noviembre, una vez que se hayan completado todos los recuentos de votos y se resuelvan los casos legales y administrativos que queden pendientes.
Durante una conferencia de prensa, Burneo detalló que el pleno del JNE ha fijado el 28 de octubre como la fecha límite máxima para llevar a cabo los recuentos de votos que pudieran surgir tras la jornada electoral. Esta fecha actúa como el cierre del periodo de revisión técnica de las actas, permitiendo que el organismo electoral tenga un marco temporal definido para procesar las solicitudes de recuento.
El presidente del JNE explicó que se han establecido plazos concretos para asegurar la transparencia del proceso. "Máximo hasta el 28 de octubre se puede realizar recuentos y con ello estimamos que, los primeros días, como máximo, de noviembre ya tendríamos resultados a nivel de gobiernos regionales y quizás de gobiernos locales", declaró el funcionario. No obstante, Burneo aclaró que esta proyección no debe interpretarse como una fecha única e inamovible para todas las jurisdicciones del país. El calendario final puede variar dependiendo de la complejidad de cada expediente y de la cantidad y naturaleza de las controversias que se presenten en el transcurso del proceso.
Es fundamental precisar que la proclamación de las nuevas autoridades no ocurre de manera inmediata tras el conteo, sino que llega después de que se resuelvan todas las observaciones y los recursos impugnatorios que puedan presentarse en cada localidad o región. Debido a esta variabilidad procesal, el JNE ha optado por no establecer una fecha exacta y uniforme para todos los alcaldes y gobernadores electos, situando la difusión de los resultados oficiales, como previsión máxima, en la primera semana de noviembre.
En cuanto a la toma de posesión, las autoridades que resulten proclamadas asumirán sus cargos para el periodo 2027-2030. Según el calendario electoral, los gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores elegidos en las elecciones del 4 de octubre no iniciarán sus funciones de inmediato, sino que lo harán el 1 de enero de 2027, siempre y cuando hayan sido proclamados oficialmente por el organismo competente.
El camino hacia la proclamación implica la intervención de diversas entidades. En primer lugar, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debe concluir el cómputo de las actas. Posteriormente, los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el Jurado Nacional de Elecciones deben resolver las observaciones e impugnaciones. Por esta razón, el JNE enfatizó que los resultados iniciales publicados por la ONPE no definen por sí solos a las autoridades electas, ya que estos son preliminares y están sujetos a la revisión legal.
Respecto a las particularidades de las elecciones regionales, se recordó que para ganar en primera vuelta, una fórmula debe obtener al menos el 30% de los votos válidos. En caso de que ninguna fórmula alcance este umbral, las dos opciones más votadas deberán disputar una segunda elección. Es importante subrayar que esta posibilidad de segunda vuelta aplica exclusivamente para los cargos de gobernador y vicegobernador, excluyendo a las alcaldías provinciales y distritales.
Finalmente, existe un debate técnico sobre la fecha de una eventual segunda vuelta regional. Actualmente se evalúan dos opciones: el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. El JNE propuso inicialmente la fecha del 29 de noviembre, argumentando que este plazo permite cumplir con los tiempos jurisdiccionales, la resolución de actas observadas y el respeto al debido proceso. Por otro lado, la ONPE ha solicitado reconsiderar dicha fecha y trasladar la jornada al 6 de diciembre, fundamentando su pedido en la necesidad de contar con más tiempo para la contratación de servicios, la impresión de cédulas y la distribución del material electoral en las regiones donde se requiera repetir la votación.
