La situación laboral en Chile ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda política nacional, luego de que la tasa de desempleo alcanzara un 9,6%. Esta cifra representa el nivel más alto de cesantía registrado en más de cinco años, lo que ha detonado una intensa ofensiva por parte de las fuerzas de oposición, quienes buscan disputar al Gobierno el control de la agenda laboral justo antes de que inicie la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 en el Congreso.
Ante este escenario, los sectores oposicionistas han intensificado sus presiones hacia La Moneda, exigiendo que la iniciativa presupuestaria para el próximo periodo incorpore medidas concretas y ambiciosas para enfrentar el actual complejo escenario laboral. El punto principal de discordia radica en las metas de creación de puestos de trabajo, donde existe una brecha significativa entre lo propuesto por el Ejecutivo y lo demandado por las colectividades políticas.
Actualmente, el Gobierno ha planteado la generación de 100 mil nuevos puestos de trabajo a través de la implementación del plan denominado "Chile Despega". Sin embargo, para la oposición, esta cifra resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis. En su lugar, proponen que el Estado se fije una meta mucho más agresiva, buscando alcanzar la creación de al menos 250 mil empleos formales.
Para lograr este incremento en la contratación, la oposición plantea una serie de ajustes en la asignación de recursos. Específicamente, buscan elevar los montos destinados a la inversión pública y fortalecer el apoyo hacia las pequeñas y medianas empresas (pymes). Asimismo, sugieren ampliar las medidas de incentivo a la contratación para hacer más atractivo el empleo formal.
Esta postura fue respaldada por el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, quien hizo un llamado directo al Ejecutivo para que realice un esfuerzo adicional. Soto enfatizó la necesidad de impulsar con mayor fuerza los grandes proyectos de inversión pública, subrayando que es fundamental brindar un apoyo más robusto tanto a las pymes como a los trabajadores y trabajadoras del país.
Paralelamente a la disputa por la cantidad de empleos, las colectividades opositoras han puesto la lupa sobre la gestión del gasto público. Se ha cuestionado duramente el incremento del 1,5% en el gasto público contemplado en el proyecto de presupuesto. La oposición ha solicitado mayor claridad y transparencia respecto a los recursos disponibles, cuestionando cómo se distribuirán estos fondos para impulsar efectivamente la actividad económica.
La tesis de la oposición es que el proyecto de Presupuesto 2027 no debe ser un simple documento administrativo, sino que debe transformarse en una herramienta estratégica capaz de acelerar la inversión y fomentar la contratación inmediata. Sostienen que las medidas anunciadas hasta ahora por La Moneda no están a la altura de la crisis laboral que atraviesa la población.
En este sentido, el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, fue tajante al referirse a las metas gubernamentales. Ortiz señaló que la propuesta de generar 100 mil empleos es insuficiente cuando se considera la gran cantidad de personas que actualmente sufren el "flagelo de la cesantía", reforzando la idea de que el Gobierno debe elevar sus aspiraciones y compromisos.
De esta manera, el empleo se ha instalado como el nuevo y principal foco de disputa entre el Poder Ejecutivo y la oposición. Con el debate del Presupuesto 2027 a pocos días de comenzar, la presión se centra en convertir las demandas de inversión y creación de empleo formal en realidades presupuestarias, en un contexto donde la tasa de desempleo del 9,6% marca una alerta económica para el país.
