Ecuador inicia el periodo de estiaje de 2026 bajo una señal de alerta que no permite distracciones ni demoras en la toma de decisiones. Los indicadores actuales revelan una brecha preocupante entre la capacidad de respuesta del sistema eléctrico y las necesidades reales del país. Actualmente, la generación termoeléctrica promedio alcanza apenas los 875 MW, una cifra que resulta insuficiente frente a una demanda energética que se aproxima a los 4.500 MW.
Esta disparidad numérica pone al país en una posición de vulnerabilidad crítica. El sistema eléctrico ecuatoriano depende en gran medida de la hidrología; sin embargo, cuando los caudales de los ríos disminuyen durante el estiaje, la capacidad de las centrales hidroeléctricas cae drásticamente. Es en este escenario donde el respaldo termoeléctrico se vuelve vital para evitar el colapso del servicio. La pregunta que surge inevitablemente ante estas cifras es si el país cuenta con el respaldo necesario para evitar que se repitan los apagones que han afectado la estabilidad nacional.
El riesgo de una nueva crisis energética no depende de un solo factor, sino de una combinación de elementos adversos. Por un lado, se enfrenta la disminución natural de la hidrología propia de la temporada. Por otro lado, se suma la reducción de las importaciones de energía provenientes de Colombia, lo que limita las opciones de abastecimiento externo. A esto se añade una demanda creciente de energía por parte de la población y las industrias, lo que estrecha aún más el margen de maniobra del sistema. En esencia, la vulnerabilidad nace de una capacidad de producción insuficiente y de la falta de un margen de respuesta oportuno ante la necesidad.
Ante este panorama, se plantea que la responsabilidad de evitar una emergencia energética es compartida y recae en tres pilares fundamentales: el Estado, el sector empresarial y la ciudadanía. En primer lugar, el Estado tiene la obligación imperativa de garantizar la generación de energía, asegurar el suministro constante de combustible para las termoeléctricas, ejecutar los planes de mantenimiento preventivo, fortalecer las redes de transmisión y mantener una planificación rigurosa.
En segundo lugar, las empresas con altos niveles de consumo eléctrico deben asumir su rol en la estabilidad del sistema. Esto implica el cumplimiento estricto de sus compromisos de autogeneración y la implementación de medidas reales de eficiencia energética para no sobrecargar la red nacional en momentos de escasez.
Finalmente, el rol de la ciudadanía es determinante. Se hace un llamado a evitar el desperdicio de energía mediante acciones concretas, como apagar y desconectar los aparatos eléctricos que no sean estrictamente necesarios y adoptar hábitos de consumo racionales. Estas acciones individuales, multiplicadas por millones de usuarios, pueden reducir la presión sobre el sistema y mitigar el impacto de la escasez.
La prioridad absoluta debe ser actuar de manera preventiva antes de que el déficit energético se transforme en una emergencia, una urgencia o, en el peor de los casos, en apagones generalizados. Las medidas urgentes que deben ejecutarse de inmediato incluyen la incorporación de nueva generación eléctrica, la seguridad en el abastecimiento de combustible, el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión y un monitoreo constante y preciso de los caudales hídricos.
La historia reciente sirve como advertencia. Esperar a que la energía falte para reaccionar sería una señal clara de que no se han asimilado las lecciones aprendidas durante la crisis de 2024. El problema real no se manifiesta únicamente cuando se apaga la luz, sino mucho antes, cuando los indicadores ya advertían la posibilidad de un déficit y las decisiones necesarias no se tomaron a tiempo.
Ecuador todavía conserva un margen para prevenir una nueva crisis, pero el estiaje es un proceso natural que no se detiene ante decisiones burocráticas. Dado que la energía es el motor que sostiene la producción, el empleo y el bienestar general de la sociedad, su prevención no puede ser una tarea exclusiva del Gobierno. Requiere un esfuerzo coordinado donde el Estado, las empresas y los ciudadanos actúen con la misma prioridad.
En conclusión, la situación actual exige que el país demande información transparente, cumplimiento de metas y resultados tangibles. La cuestión ya no radica en la capacidad de reaccionar una vez que el apagón ocurra, sino en la responsabilidad colectiva de impedirlo. Prevenir la crisis eléctrica es, en última instancia, una forma de responsabilidad nacional.
