El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha aprobado recientemente el incremento del pasaje de transporte público, estableciendo una tarifa de Bs 3,50 para los adultos. En esta medida, se ha determinado mantener los costos preferenciales para sectores específicos, fijando el pasaje en Bs 1 para los estudiantes universitarios y Bs 0,50 para los escolares. Sin embargo, esta decisión tarifaria ha desencadenado una propuesta técnica más amplia por parte del Colegio de Planificadores Territoriales de Santa Cruz, quienes sugieren que la ciudad debe avanzar hacia la implementación de un Sistema Integrado de Transporte (SIT).
Para los planificadores territoriales, la transformación de la movilidad urbana en la ciudad no puede limitarse únicamente a la discusión sobre el precio del pasaje. El sector sostiene que las dificultades actuales del transporte público no son hechos aislados, sino que responden a un problema estructural profundamente ligado al crecimiento urbano acelerado y a una serie de decisiones técnicas y administrativas que fueron postergadas durante años. Bajo esta premisa, los profesionales advierten que una simple modificación en la tarifa no será suficiente para resolver las deficiencias y complicaciones que presenta el sistema de transporte actual.
Ante este escenario, el Colegio de Planificadores Territoriales ha planteado una propuesta de transformación progresiva que requiere la participación activa y coordinada de las autoridades municipales, los transportistas y los usuarios. Este plan se divide en etapas temporales con objetivos específicos para transitar desde el modelo actual hacia uno integrado.
En la primera etapa, comprendida entre los 0 y 90 días, la propuesta se enfoca en atender la emergencia actual. Los planificadores sugieren realizar un estudio integral de costos y transparentar la información referente a la flota vehicular y la demanda real de transporte. Asimismo, plantean la instalación de una instancia técnica permanente de movilidad y la búsqueda de un acuerdo formal para iniciar la transformación del sistema.
En un segundo periodo, que abarca de los 3 a los 12 meses, el plan contempla la actualización de las rutas y el análisis de la demanda para identificar posibles sobreposiciones. En esta fase, se propone el registro detallado de los vehículos y operadores, la incorporación de sistemas de GPS, el establecimiento progresivo de paradas definidas y una mejora sustancial en la fiscalización del servicio, además de la implementación de corredores piloto.
A mediano plazo, en un horizonte de 1 a 3 años, el planteamiento busca avanzar hacia la modernización tecnológica y administrativa. Esto incluye la implementación del recaudo electrónico, la integración tarifaria y la creación de un centro de control. En el ámbito organizacional, se propone la formalización empresarial de los operadores, la renovación progresiva de la flota de vehículos y la firma de contratos basados en indicadores de desempeño verificables.
Para la etapa de largo plazo, situada entre los 3 y 10 años, la visión de los planificadores es consolidar corredores estructurantes de mayor capacidad y la construcción de terminales intermodales. El plan incluye la adopción de nuevas tecnologías, el impulso de la electromovilidad y la integración del sistema de transporte con municipios aledaños, específicamente Warnes, Cotoca, La Guardia y Porongo.
Un punto central de la propuesta es la exigencia de transparencia en la estructura de costos del sector. Los planificadores consideran necesario que se haga pública la información sobre el consumo de combustible, costos de mantenimiento, repuestos, la cantidad de unidades operativas, los kilómetros recorridos, el número de pasajeros transportados, las frecuencias de paso y la calidad general del servicio.
El objetivo final de esta iniciativa es migrar de un sistema basado en la competencia entre transportistas por captar pasajeros hacia un modelo organizado con rutas, frecuencias y estándares definidos, donde la calidad del servicio sea la prioridad central. El Colegio de Planificadores Territoriales concluye que la coyuntura actual representa una oportunidad para establecer un acuerdo amplio entre autoridades, transportistas, juntas vecinales, universidades, colegios profesionales, el sector empresarial y la ciudadanía en general, definiendo así una hoja de ruta clara para transformar el transporte público de Santa Cruz.
