Los habitantes del Distrito Central de Honduras, que comprende las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, enfrentan una grave crisis hídrica producto de un comportamiento irregular en el ciclo de lluvias y una sequía prolongada. Esta situación ha colocado a la capital y sus alrededores en un estado de incertidumbre mientras se aproximan al final del invierno.
Según especialistas, el principal detonante de esta emergencia es el fenómeno climático El Niño, referido en diversas ocasiones como “Súper Niño” o “Niño Godzilla”. Este fenómeno ha modificado los patrones de los vientos y ha potenciado un chorro de bajo nivel que bloquea la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, impidiendo que se registren las lluvias habituales en la zona. A este factor natural se suman problemas estructurales y humanos, tales como la deforestación, el crecimiento urbano desordenado y la carencia de programas efectivos para gestionar la demanda de agua potable, así como deficiencias en el mantenimiento y construcción de infraestructura.
El impacto en los recursos hídricos es crítico. Datos oficiales indican que, a mediados de septiembre, los niveles de los embalses Los Laureles y La Concepción, encargados del abastecimiento de la zona, se situaron en un 26.74% y 25.33% de su capacidad, respectivamente. Asimismo, se ha registrado un déficit de lluvia del 44.3% en comparación con el promedio del periodo 1991-2020, lo que representa una disminución de 261.2 milímetros.
Esta escasez ha obligado a que el suministro de agua potable para los aproximadamente 1.6 millones de habitantes del Distrito Central se realice cada 12 días, es decir, solo dos veces al mes. El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, señaló que cualquier mejora en la frecuencia del suministro, para volver a ciclos de 7 o 9 días, dependerá enteramente de la llegada de nuevas lluvias. Zelaya enfatizó que se han debido tomar decisiones difíciles para prolongar la vida de las represas y sobrevivir a esta situación, describiendo este año como el de mayor crisis hídrica en las últimas dos décadas, afectando no solo a la capital sino a todo el país y otras naciones de Latinoamérica.
Aunque a inicios de octubre se registraron algunas lluvias que elevaron los niveles de los embalses Los Laureles al 41.12% y La Concepción al 27.46%, las autoridades advierten que aún se permanece en un nivel de riesgo hídrico crítico. El incremento en los días de suministro solo se contemplaría una vez que las represas superen el 50% de su capacidad.
Para mitigar la crisis, la municipalidad planea rehabilitar 41 pozos pertenecientes a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) y a la alcaldía, habiendo habilitado ya cinco de los primeros 15 programados. Además, se despliega una flota de pipas para distribuir agua gratuita en hospitales, centros educativos y colonias, aunque la demanda masiva ha generado quejas ciudadanas por anomalías en el abastecimiento y falta de presión para que el líquido llegue a las zonas altas. Paralelamente, avanzan las obras de la represa San José, proyecto insignia de la alcaldía para solventar el problema a largo plazo.
Por otro lado, la Secretaría de Agricultura y Ganadería implementó el “bombardeo de nubes” con yoduro de plata para estimular las lluvias. No obstante, esta medida ha generado alertas desde El Salvador, donde el ecólogo Ricardo Navarro advirtió que estas acciones pueden alterar la distribución pluvial regional, citando el caso de los Emiratos Árabes Unidos, donde lluvias excesivas ocurrieron en 24 horas equivalentes a lo que debería llover en dos años y medio.
El impacto social es severo. Ante la falla del sistema programado, muchos ciudadanos recurren a la compra de agua. Mientras la Autoridad Reguladora (UMAPS/SANAA) vende cada barril a los camiones cisterna a 3 lempiras en surtidores públicos, los revendedores cobran entre 80 y 120 lempiras por barril. Una pipa completa puede costar entre 1,500 y 1,800 lempiras. Además, existe el riesgo de salud, ya que algunos proveedores recolectan agua de ríos y quebradas contaminadas. La escasez también ha afectado el mercado de barriles de plástico, cuyos precios han ascendido hasta los 1,800 lempiras en Tegucigalpa.
El ingeniero Wilmer Reyes, especialista en hidrología, advirtió que los efectos podrían persistir incluso tras el regreso de las lluvias debido al deterioro de la red de distribución, que pierde entre el 40% y 50% del agua. Reyes señaló que la recuperación de los acuíferos podría tomar entre dos y tres inviernos. Además, alertó que el 80% del territorio hondureño (más de 230 municipios) está en alerta por sequía, lo que incrementa el riesgo de inseguridad alimentaria y pobreza. Se proyecta que la intensidad del fenómeno El Niño sea mayor entre noviembre y principios del próximo año, con consecuencias humanitarias que podrían extenderse hasta marzo y mayo de 2027. A esto se suma la proliferación del zancudo transmisor del dengue debido a las condiciones de insalubridad.
Finalmente, esta crisis sirve como advertencia para El Salvador, donde la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) reportó en 2025 que el 61% de su producción de agua se pierde en redes dañadas y conexiones ilegales. Asimismo, la sequía ha afectado el río Lempa, provocando que la generación de energía hidroeléctrica cayera del 37.57% en agosto de 2025 al 8.6% en agosto de 2026.
