La investigación judicial denominada "Caso Clarividente" ha revelado los pormenores del funcionamiento de una presunta organización criminal que se dedicaba a brindar servicios logísticos para el narcotráfico internacional. Esta red operaba específicamente en la terminal de APM Terminals, ubicada en Moín, con el objetivo de facilitar el envío de cargamentos de droga con destino a mercados en Europa y Estados Unidos. Uno de los hallazgos más relevantes del expediente es la utilización de tecnología de consumo masivo para el seguimiento de la mercancía ilícita.
Según el legajo del caso, los sospechosos implementaron el uso de AirTags, pequeños dispositivos de localización desarrollados por la empresa Apple. Estos dispositivos, que habitualmente tienen la forma de una moneda y se emplean para rastrear objetos personales como carteras, llaves o maletas, fueron incrustados directamente en los ladrillos de clorhidrato de cocaína. De esta manera, la organización podía monitorear en tiempo real la ubicación de los cargamentos mientras transitaban por la cadena logística.
Las autoridades detallan en el expediente al menos tres incidentes específicos donde se detectaron estos rastreadores. Además de los AirTags, los paquetes de droga presentaban características distintivas: en el empaque estaba impresa la imagen de una flor de jamaica y contaban con una marca realizada mediante un troquel con la palabra “ORO”.
El primer evento registrado ocurrió el 10 de noviembre de 2023. En esa ocasión, oficiales del Ministerio de Seguridad Pública que se encontraban destacados en APM Terminals interceptaron a un chofer de camión que intentaba ingresar a la terminal con 20 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos dentro del cabezal del vehículo. Tras realizar una revisión aleatoria de los paquetes, los agentes detectaron dos dispositivos de localización de la marca Apple insertados en la droga.
Posteriormente, el 16 de diciembre de 2023, se produjo un operativo denominado policialmente como el "Caso Navidad". Durante la revisión de las imágenes del escáner en la Terminal de Contenedores de Moín, los especialistas identificaron inconsistencias en el área del sistema de refrigeración de un contenedor. Dicha unidad transportaba banano fresco y tenía como destino la ciudad de Hamburgo, Alemania. Al proceder con la inspección física de la carga, las autoridades hallaron 49 paquetes de cocaína, algunos de los cuales tenían los rastreadores incrustados.
El tercer hallazgo se reportó la noche del lunes 15 de enero de 2024. En esta oportunidad, oficiales de la terminal portuaria localizaron 50 paquetes de cocaína que habían sido ocultos dentro de un cargamento de 1.680 cajas de piña fresca destinadas a la exportación. Al revisar algunos de los paquetes de forma aleatoria, se confirmó nuevamente la presencia de AirTags incrustados bajo la misma metodología.
La investigación señala que esta organización criminal estaba presuntamente comandada por un hombre de apellidos Casanova Duartes, de 32 años, y su esposa, Melanie Bell Ramírez. Esta última es identificada como la hija del extraditado Gilbert Bell Fernández, conocido bajo el alias de "Macho Coca".
En cuanto al modelo de negocio de la red logística, el legajo indica que los miembros del grupo cobraban una tarifa fija de ¢250.000 por cada envío de droga realizado, independientemente de la cantidad de sustancias transportadas en el contenedor.
Para lograr la "contaminación" de los contenedores sin que los propietarios legales de la carga se percataran, la organización utilizaba dos métodos principales. El primero consistía en intervenir los sistemas de refrigeración de las unidades. El segundo era la técnica conocida como “mete y saca”, mediante la cual extraían de forma irregular contenedores que ya habían ingresado legalmente a la terminal para su exportación.
Estos contenedores eran trasladados a predios ubicados en Limón, donde se introducía el clorhidrato de cocaína sin alterar la carga lícita original. Una vez contaminados, los contenedores eran reingresados a la terminal para continuar con el proceso normal de embarque. Según la investigación, para burlar los estrictos controles de seguridad, la red contaba con la presunta colaboración de trabajadores portuarios, funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública y oficiales de seguridad privada.
