La escalada en los precios internacionales del oro, registrada desde el año 2023, ha provocado una aceleración crítica de la actividad minera informal e ilegal en el Perú. Este fenómeno ha tenido un impacto devastador en la región de Madre de Dios, donde la deforestación de los bosques amazónicos ha alcanzado niveles alarmantes como consecuencia directa de la búsqueda del metal precioso.
De acuerdo con datos recientes, hasta mediados del año 2025, la deforestación acumulada de bosques causada por la minería aurífera en el país llegó a las 139,169 hectáreas. La gravedad de la situación se concentra casi en su totalidad en la región de Madre de Dios, la cual concentró el 97.5% de dicha pérdida, sumando un total de 135,939 hectáreas devastadas. A pesar de que el monitoreo satelital coordinado por Conservación Amazónica (ACCA) y Planet Labs muestra que la minería ilegal continuó ganando terreno en zonas reservadas desde el 2025 hasta los primeros meses de 2026.
Esta expansión ocurre en un contexto de severas restricciones legales. Actualmente, el 93% del territorio de Madre de Dios se encuentra bajo exclusiones o restricciones para la actividad minera. De este porcentaje, un 45% comprende Áreas Naturales Protegidas (ANP), a las que se añaden concesiones forestales, zonas de amortiguamiento y diversas reservas de conservación. En contraste, solo el 7% de la región, equivalente a 476,897 hectáreas, está designado como "corredor minero autorizado".
El impacto social de esta actividad es profundo. Un estudio del proyecto Prevenir de USAID, realizado en 2022, reveló que aproximadamente 46,601 habitantes de la región (el 35.4% de su población) están vinculados directamente a la minería. De este grupo, la gran mayoría se desempeña en la minería informal (67.3%), mientras que un 20.01% opera en la ilegalidad y solo el 12.6% se encuentra en el sector formal. Asimismo, estimaciones de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FCDS) indican que Madre de Dios concentra entre el 35% y 38% de la producción ilegal de oro de todo el Perú.
Paradójicamente, este auge minero ha generado una ilusión de prosperidad económica. Un análisis de Apoyo Consultoría señala que los ingresos familiares totales de la población de Madre de Dios incrementaron, en promedio, un 40% entre 2017 y 2025, tras el ajuste por inflación. Iván Portocarrero, socio de dicha consultora, explica que la región es una de las que presenta menor pobreza monetaria en el país, impulsada en gran medida por la minería informal e ilegal y el aumento de la capacidad adquisitiva derivado de los precios del oro.
Sin embargo, este crecimiento económico no se ha traducido en bienestar social. El Índice de Desarrollo Humano (IDH), que evalúa salud, educación y nivel de vida, registró un crecimiento de 0 puntos entre 2017 y 2024. Portocarrero advierte que la calidad de vida no ha mejorado; Madre de Dios sigue siendo una de las regiones con menor acceso a servicios básicos como agua potable, desagüe y electricidad, presentando además uno de los porcentajes más bajos de viviendas con servicios básicos.
Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advierte que se está configurando la llamada "maldición de los recursos naturales". Según Casas, aunque la población gana por encima del salario promedio, el dinero se destina principalmente al gasto corriente, generando un beneficio efímero. El experto sostiene que esta actividad no es sustentable, ya que destruye el hábitat y la capacidad productiva de la zona, dejando tras de sí tierras no productivas y agua contaminada una vez que el oro se agote.
En cuanto a la formalización, el panorama es desalentador. A pesar de la existencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), los resultados son mínimos. De los 31,610 inscritos a nivel nacional hasta el segundo trimestre de este año, el 30% (9,421 registros) pertenecen a Madre de Dios; no obstante, solo 216 mineros han logrado formalizarse en la región. Casas duda que los procesos actuales o la posible Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) logren revertir esta tendencia antes del vencimiento del Reinfo en diciembre próximo.
Finalmente, el aspecto legal presenta desafíos críticos. Miguel Reyes, especialista en derecho minero y procesal penal, sostiene que la única diferencia real entre un minero informal e ilegal en la zona es la inscripción en el Reinfo, ya que la mayoría opera en áreas prohibidas donde la actividad no puede ser legalizada. Reyes también alertó sobre la alianza entre mineros ilegales y el crimen organizado, lo que ha derivado en delitos de lavado de activos que el Ministerio Público no tiene la capacidad presupuestaria ni técnica para investigar, sugiriendo la creación urgente de fiscalías especializadas en minería ante la escasez de sentencias condenatorias.
