El nuevo Fiscal General interino de Bolivia, José Armando Urioste, ha iniciado su gestión con una advertencia contundente sobre el estado interno de la institución que ahora lidera. Tras su elección, Urioste alertó que su ingreso al Ministerio Público no será un proceso sencillo, describiendo la situación actual como la entrada a una “guerra” institucional.
En declaraciones brindadas desde el departamento de Beni al canal estatal, el Fiscal interino manifestó que no solo recibe una entidad “manchada”, sino que se enfrenta a una resistencia interna considerable. Urioste señaló específicamente que existen dependientes del anterior fiscal, Roger Mariaca, que se encuentran “acuartelados” dentro de las dependencias del Ministerio Público. Según el nuevo Fiscal General, la presencia de este grupo de personas, leales a la gestión saliente, convierte el entorno laboral en lo que él denominó prácticamente un “campo de guerra”.
La llegada de Urioste al cargo ocurre en un contexto de alta tensión y disputas por el control de la Fiscalía. Previamente, tras la captura de Roger Mariaca, el personal vinculado a este último denunció el procedimiento policial y judicial calificándolo como un “secuestro”. En medio de este caos administrativo y legal, surgió la figura de Luis Montaño, quien se proclamó como Fiscal General basándose en el argumento de su antigüedad en la institución. No obstante, este "autonombramiento" fue desconocido por el Gobierno, lo que llevó a que la Asamblea procediera formalmente a la elección de José Armando Urioste para asumir el cargo de manera interina.
Al analizar la situación heredada, Urioste fue enfático al señalar que su desafío primordial será “limpiar ese Ministerio Público”. El nuevo Fiscal General lanzó duras críticas contra la operatividad de la institución en el periodo anterior, asegurando que el Ministerio Público se ha degradado hasta convertirse en un “brazo extorsivo” y en un mecanismo para el “encubrimiento de la comisión de los delitos”. Para Urioste, esta realidad es inaceptable y debe cambiar de manera inmediata.
El trasfondo de esta crisis se vincula directamente con las causas que llevaron a la aprehensión de Roger Mariaca. El exfiscal fue detenido bajo la sospecha de haber favorecido actividades de narcotráfico, con un énfasis particular en el caso del ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien presuntamente operaba sus actividades ilícitas desde la ciudad de Santa Cruz. Este vínculo con el crimen organizado es, en gran medida, lo que ha llevado a Urioste a calificar a la institución como “manchada”.
Ante este panorama, el Fiscal General interino anunció la implementación de medidas correctivas severas. Una de las acciones inmediatas será la realización de una auditoría jurídica exhaustiva sobre los casos más controvertidos que han pasado por la Fiscalía. Urioste puso especial énfasis en investigar aquellos procesos donde narcotraficantes fueron liberados sin cumplir con los requisitos legales exigidos o donde bandas internacionales fueron puestas en libertad bajo circunstancias irregulares.
Asimismo, el nuevo titular del Ministerio Público subrayó la necesidad de llevar a cabo una “reingeniería” integral de la institución. El objetivo es que los fiscales respondan de la manera más franca y oportuna a los casos que sean sometidos a su conocimiento, eliminando la opacidad en el manejo de los procesos judiciales.
Finalmente, Urioste expresó su intención de “destapar la olla” respecto a la gestión de los recursos humanos dentro de la entidad. Denunció que en la Fiscalía se han realizado designaciones basadas en el “compadrerío” y el “amiguismo”, creando una red de protección mutua donde los funcionarios “no se pisan la manguera”. El Fiscal General interino lamentó que esta cultura de protección, donde un amigo encubre el problema de otro, haya prevalecido en la institución, asegurando que dicha práctica debe desaparecer definitivamente de la administración de justicia.
