¿Puede una economía de mercado funcionar bajo el mando absoluto del Estado? Cuba intenta responder a esta pregunta con un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobado en junio por su Asamblea Nacional.
Este plan, organizado en 23 ejes, busca reestructurar la economía mediante la mayor participación del sector privado, la creación de instituciones financieras no estatales y nuevas aperturas a la inversión extranjera. Sin embargo, el presidente Miguel Díaz-Canel ha sido tajante sobre los límites de esta apertura, asegurando que el mercado es solo una herramienta para la planificación y no un "amo", enfatizando que en la isla "no nos va a mandar el capital".
Esta postura tiene un respaldo legal: la Constitución de 2019. Sus artículos 18 y 19 definen el sistema como socialista y establecen que la planificación estatal es el componente central, regulando y controlando cualquier actividad de mercado.
Para el economista Elías Amor, aquí reside el principal obstáculo. Amor advierte que muchas de estas transformaciones tropezarán con el marco jurídico actual. Como ejemplo, señala la inexistencia legal de las "acciones de una empresa" en la Constitución, lo que genera una profunda inseguridad jurídica para quienes deseen invertir.
El debate fundamental no es si Cuba utiliza instrumentos de mercado, sino cuánta autonomía tendrán estos frente al poder de decisión del Estado. Mientras el régimen mantenga la planificación socialista como eje central, el mercado seguirá subordinado. Según Amor, esto provoca que invertir en la isla carezca hoy de garantías suficientes en términos de rentabilidad, seguridad jurídica y gestión administrativa.
La pregunta sigue abierta: ¿hasta dónde puede llegar la apertura económica si el mercado continúa subordinado por mandato constitucional y decisión política?
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