El gobierno de Uruguay ha reafirmado su postura diplomática respecto a la situación económica y política de Cuba, basándose en los recientes pronunciamientos realizados en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de la República, Yamandú Orsi, durante su intervención en dicho foro internacional, fue enfático al señalar que el Estado uruguayo no puede permanecer indiferente ante la situación que atraviesa la isla caribeña, haciendo especial hincapié en el "férreo bloqueo económico" que sufre el pueblo cubano.
Esta declaración del mandatario generó diversas reacciones dentro del escenario político local, particularmente desde los sectores de la derecha política. Ante estas críticas, el titular de la diplomacia uruguaya salió en defensa de las palabras del presidente Orsi, aclarando que el posicionamiento expresado en la ONU no representa un giro abrupto, sino que se alinea con una línea de pensamiento sostenida en el tiempo. Según el canciller, lo expresado por el presidente es "lo que decimos siempre", subrayando que esta es una postura que ha sido mantenida por diversos gobiernos, independientemente de su signo político.
En este sentido, el jefe de la diplomacia destacó un hecho fundamental en la trayectoria de la política exterior del país: tanto los gobiernos de tendencia izquierdista como los de tendencia derechista han votado históricamente en contra del embargo o bloqueo impuesto a Cuba. El canciller enfatizó que existe un consenso sobre el hecho de que la estrategia de "asfixiar" a una nación no constituye un camino viable para resolver conflictos ni para alcanzar objetivos políticos o sociales.
Durante una entrevista televisiva, el canciller profundizó en esta visión, argumentando que el método del embargo es ineficaz y contraproducente. El funcionario sostuvo que, si se aplica la lógica de la asfixia económica a un país, como es el caso actual de Cuba, mañana podría aplicarse a cualquier otra nación. Para la diplomacia uruguaya, el camino del embargo no es una solución y no resuelve los problemas de fondo, una postura que, según reiteró, está "absolutamente clara" para la administración actual.
El canciller señaló que, desde la perspectiva de Uruguay, la única vía efectiva para la resolución de conflictos internacionales es la implementación de mecanismos de negociación y el fomento del diálogo. Sin estas herramientas, consideró que no existe una forma real de resolver las disputas entre Estados. Respecto a la situación particular de Cuba, el diplomático afirmó que la realidad es evidente y "rompe los ojos", reconociendo que existe un proceso de asfixia muy significativo que afecta a la población. En consecuencia, remarcó que la intervención del presidente Orsi se limitó a manifestar la oposición de Uruguay a políticas de este tipo.
Por otro lado, la agenda diplomática uruguaya también abordó temas específicos de cooperación técnica y salud durante reuniones mantenidas en Washington, concretamente en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En dicho encuentro, se trató la situación de la brigada médica cubana que opera en territorio uruguayo. Esta cooperación, que tiene una trayectoria de 19 años, se materializa principalmente a través de los servicios prestados en el Hospital de Ojos “José Martí”.
El canciller informó que durante el diálogo con sus contrapartes estadounidenses, Uruguay explicó la metodología y la gestión bajo la cual se manejan estos temas de cooperación médica. En particular, el representante uruguayo manifestó que no comprendían los argumentos presentados por la parte estadounidense, quienes hablaban de una supuesta "súper explotación" de los ciudadanos y profesionales cubanos que integran la brigada.
Para cerrar la controversia sobre este punto, el titular de la diplomacia refirió haber aclarado a los funcionarios del Departamento de Estado que la presencia de los galenos cubanos en Uruguay, así como la prestación de sus servicios médicos, cumplen estrictamente con toda la legalidad vigente en el país. Con ello, el gobierno uruguayo reafirma la legitimidad de los acuerdos de cooperación en salud y mantiene su posición de priorizar el diálogo y el derecho internacional sobre las medidas de presión económica.
