El próximo 19 de noviembre, los presidentes de los clubes de fútbol chileno elegirán al sucesor de Pablo Milad en la dirección de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Sin embargo, el proceso electoral ha trascendido la simple elección de un administrador para centrarse en un debate estructural: si la competencia nacional mantendrá su formato de pirámide basada en el mérito deportivo o si transitará hacia un modelo de liga cerrada.
El foco de la controversia es una idea atribuida al entorno de Jorge Uauy, expresidente de Palestino y actual figura del bloque con mayor apoyo declarado. La propuesta consistiría en convertir la Primera División y la Primera B en una sociedad anónima cerrada, eliminando así los ascensos y descensos. Aunque esta medida no figura en el programa formal de Uauy ni ha sido confirmada explícitamente por él, la información ya circula entre los presidentes de los clubes y ha generado una reacción inmediata del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).
El modelo que se pretende emular es el de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos. No obstante, el análisis técnico sugiere que dicha analogía es errónea debido a las profundas diferencias estructurales. En la MLS, los equipos no son clubes rivales en sentido estricto, sino franquicias de una entidad única. Esto permite un reparto centralizado de ingresos y la implementación de un tope salarial. Un ejemplo claro fue la llegada de Lionel Messi al Inter Miami; dicha operación no fue un esfuerzo aislado del club, sino una estrategia de la liga que involucró acuerdos con Apple y Adidas, beneficiando económicamente a todos los equipos a través de las suscripciones y ventas.
En contraste, el fútbol chileno carece de un negocio común. Las sociedades anónimas compiten entre sí por patrocinadores, jugadores y puntos, sin un sistema de reparto centralizado ni topes salariales. La hostilidad entre clubes es evidente: recientemente, tres equipos de Primera B denunciaron a Deportes Puerto Montt por retenciones de impuestos, mientras que la propia ANFP denunció a San Marcos de Arica por inconsistencias financieras. En este escenario, una liga cerrada no generaría estabilidad, sino que crearía un cartel de incumbentes sin la sanción del descenso que hoy disciplina la competencia.
Desde la perspectiva laboral, el Sifup advierte que un cambio de formato reduciría la movilidad profesional y el poder de negociación de los jugadores. El sindicato recuerda que en enero de 2025 el fútbol chileno ya sufrió una paralización de varias semanas que terminó en un acuerdo sobre rehabilitación médica, extensión de torneos y garantías en los traspasos. Implementar un sistema cerrado, especialmente si se diseña para mitigar el impacto de futuras huelgas mediante el uso de juveniles, podría asegurar un nuevo conflicto laboral estructural.
En el ámbito legal, la propuesta choca con precedentes judiciales firmes. La justicia chilena ya ha condenado a la ANFP por abuso de posición dominante. En junio de 2020, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) determinó que el cobro de cuotas de incorporación a clubes que ascendían a Primera B operaba como una barrera anticompetitiva. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema, obligando a la ANFP a pagar una indemnización a Deportes Melipilla en 2024. Por lo tanto, un sistema donde el acceso a la categoría profesional dependa de la compra de un cupo y no del mérito deportivo podría ser considerado ilegal por el TDLC.
La experiencia internacional también advierte sobre los riesgos. México cerró su liga en 2020 y actualmente enfrenta investigaciones por abuso de poder de mercado. Además, estudios de instituciones como el ITAM y la Universidad de Houston indican que el cierre de la liga mexicana concentró el talento y degradó la calidad de la competencia, aumentando la brecha de valor de los planteles en un 48% a favor de la primera división.
Ante la fragilidad financiera de los clubes de las categorías inferiores, existen alternativas que no implican eliminar el ascenso y descenso, tales como los pagos de paracaídas para descendidos, el licenciamiento estricto de infraestructura y un reparto más solidario de los derechos televisivos. La conclusión es clara: si se desea mejorar el sistema chileno basándose en el modelo estadounidense, se debe copiar el mecanismo de reparto de ingresos y no el cierre de la competencia.