Las negociaciones para definir el volumen de los fondos destinados a la pesca de la Unión Europea (UE) para la próxima década han intensificado su ritmo tras la reciente reunión del Consejo de Ministros del sector celebrada en Bruselas. Este proceso se desarrolla en un contexto de extrema vulnerabilidad para la flota y los puertos, que se encuentran gravemente afectados por el incremento en los costes del gasóleo, una situación derivada de la inestabilidad generada por la guerra en Irán.
El sector pesquero se halla en un momento decisivo debido a que la UE está negociando el marco financiero para el periodo 2028-2034. Durante esta semana, el Consejo de Ministros de Pesca ha dado un paso relevante al fijar su postura oficial sobre el futuro de las ayudas financieras. No obstante, la disputa principal se centra en la negociación del marco financiero general de la Unión, donde la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) contempla un recorte muy agresivo de los fondos destinados a la pesca, algo que otras instituciones comunitarias y el propio sector intentan evitar.
Actualmente, el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (Fempa) dispone de una dotación de 6.000 millones de euros. España, consolidada como la primera potencia pesquera de la Unión, es el principal beneficiario de estos recursos, habiendo recibido 1.120 millones de euros para el periodo 2021-2027, lo que representa el 21 % del total del fondo. La magnitud de la industria española es considerable, con una flota de 8.432 barcos matriculados y una fuerza laboral de 31.000 tripulantes, dentro de un ecosistema europeo que suma cerca de 70.000 embarcaciones.
Para el nuevo ciclo presupuestario 2028-2034, la Comisión Europea ha propuesto un cambio estructural similar al de la Política Agraria Común (PAC), sugiriendo la integración del Fempa en un "megafondo" que englobe diversas políticas, cuyo reparto final quedaría sujeto a las decisiones de los Estados miembros. El punto más conflictivo de esta propuesta es la reducción económica: la CE sugiere recortar la dotación en un 67 % respecto a la actual, situando los fondos en 2.000 millones de euros. Frente a esto, las propuestas manejadas en el Consejo de Ministros intentarían elevar la cifra a 4.000 millones, mientras que el Parlamento Europeo mantiene una postura más ambiciosa, defendiendo que la dotación sea incluso superior a la vigente, proponiendo 7.300 millones de euros.
Paralelamente a la batalla presupuestaria, se está debatiendo la revisión de la Política Pesquera Común (PPC). En este ámbito, el Consejo ha definido su posición sobre la estructura de las subvenciones, aunque sin concretar cifras económicas. Una novedad fundamental en esta postura es la apertura a la concesión de ayudas para la renovación de barcos, una medida que hasta ahora no estaba permitida. Este avance es el resultado de la presión ejercida por un grupo de doce países, incluida España, que demandaban la eliminación de obstáculos para financiar la modernización de la flota. No obstante, el acuerdo establece límites estrictos para evitar que estas renovaciones incrementen la presión sobre los caladeros.
Desde el sector pesquero existe un deseo firme de realizar una reforma profunda de la PPC, argumentando que la normativa actual está obsoleta. Si bien reconocen que se ha progresado en los aspectos ambientales, denuncian que es urgente implementar mejoras sociales. A pesar de ello, la Comisión Europea se ha mostrado poco proclive a llevar a cabo una revisión a gran escala de la política.
España ha recibido positivamente el acuerdo alcanzado en el Consejo por la flexibilidad que aporta al apoyo de la modernización, aunque el Gobierno ha subrayado que la prioridad absoluta sigue siendo asegurar un presupuesto sólido. La modernización es una demanda crítica, ya que gran parte de la flota supera los 30 años de antigüedad. Para garantizar el relevo generacional, el sector requiere buques más confortables, modernos y, sobre todo, con una eficiencia energética que reduzca la dependencia y el coste del combustible.
Javier Garat, secretario general de la patronal de armadores Cepesca, ha señalado que, aunque la decisión del Consejo avanza en la dirección correcta, los logros son insuficientes. Garat ha insistido en la necesidad de mayor flexibilidad y en la simplificación de las condiciones administrativas que actualmente dificultan el acceso de los pescadores a las ayudas.
La preocupación se extiende a nivel regional. En comunidades como Galicia, Canarias, País Vasco, Cataluña y Andalucía, se ha alertado de que un recorte en el Fempa pondría en serio riesgo proyectos estratégicos de modernización marina. A esta inquietud se han sumado los Grupos de Acción Local Pesquera (GALP), entidades público-privadas compuestas por ayuntamientos, cofradías y ONG, que han hecho un llamamiento conjunto en toda la UE para exigir una financiación específica y sin recortes.
