La Organización de los Estados Americanos ha aprobado una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos. Esta medida se toma luego de que el presidente Daniel Ortega anunciara que no habrá más comicios en el país.
El texto, aprobado por unanimidad, insta además a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas despojadas de ella. No obstante, la resolución no incluye la imposición de sanciones concretas contra el gobierno de Ortega y Rosario Murillo.
Para dar seguimiento, se ha creado un grupo ministerial que buscará establecer diálogos con las autoridades nicaragüenses y la oposición, con el objetivo de presentar recomendaciones en un plazo de 90 días.
La reunión extraordinaria contó con la presencia de ministros de Exteriores de solo siete Estados miembros, mientras que el resto envió delegados de menor rango. Durante el encuentro, el subsecretario de Estado de Estados Unidos denunció que la dictadura nicaragüense ha vetado a la embajadora Natasha Franceschi. Asimismo, el canciller de República Dominicana anunció el cierre de su embajada en Nicaragua debido al deterioro de la democracia.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó como urgente la recuperación del orden constitucional y sugirió aplicar sanciones económicas y restricciones de viaje para ciertas autoridades. En sintonía, la relatora de la CIDH definió a Nicaragua como un “estado policial”.
Finalmente, Brasil subrayó su oposición a señalar a Nicaragua como una posible amenaza a la seguridad regional. El país centroamericano no participó en la sesión, dado que abandonó la OEA en 2023 por orden de Ortega.
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