La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes, durante una sesión extraordinaria de cancilleres llevada a cabo en Washington, una resolución formal que exige al Gobierno de Nicaragua la celebración de procesos electorales y la liberación incondicional de los presos políticos. Esta decisión surge como respuesta directa a las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien anunció que en el país no se llevarán a cabo más comicios.
El documento, que contó con la aprobación unánime de los presentes, insta a las autoridades nicaragüenses a implementar medidas para recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de las personas desaparecidas y restituir la nacionalidad a aquellos ciudadanos que fueron despojados de ella. A pesar de la contundencia de estas exigencias, el texto de la resolución no contempla la imposición de sanciones concretas contra el presidente Daniel Ortega ni contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
La convocatoria a esta reunión extraordinaria de cancilleres mostró un nivel de asistencia dispar entre los Estados miembros. De los 34 países que integran el organismo, únicamente siete enviaron a sus ministros de Relaciones Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. El resto de las naciones participantes fueron representadas por delegados de menor rango jerárquico.
La resolución fue impulsada principalmente por un bloque compuesto por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana. Este grupo de países insta a las autoridades de Nicaragua a establecer las condiciones necesarias para garantizar que se realicen elecciones que sean calificadas como libres, justas e inclusivas.
Como parte de las acciones derivadas de este encuentro, se ha determinado la creación de un grupo ministerial de seguimiento dedicado específicamente al caso de Nicaragua. Este grupo tiene la misión de establecer canales de diálogo tanto con las autoridades gubernamentales nicaragüenses como con los representantes de la oposición, con el objetivo de presentar una serie de recomendaciones formales en un plazo de 90 días.
No todas las posturas fueron coincidentes durante el desarrollo de la reunión. Brasil, país que inicialmente había votado en contra de la convocatoria de este encuentro, subrayó su firme oposición a cualquier referencia que califique a Nicaragua como una "posible amenaza a la paz y a la seguridad regionales".
Cabe destacar que la OEA no había convocado a una reunión de consulta de ministros de Exteriores desde el año 2019, ocasión en la que el organismo abordó la crisis política y la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La decisión de actuar en este momento se fundamenta en las declaraciones emitidas por Daniel Ortega el pasado 19 de julio, cuando afirmó que no habría más elecciones en Nicaragua. Posteriormente, el Gobierno impulsó una reforma constitucional diseñada para prohibir la participación electoral de personas calificadas como "traidores a la patria", término utilizado en referencia a los sectores de la oposición.
Durante la jornada del viernes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, utilizó el espacio para denunciar que la "dictadura" nicaragüense ha vetado a Natasha Franceschi, la nueva embajadora estadounidense en dicho país, quien había sido ratificada por el Senado el miércoles anterior.
En sintonía con el rechazo a la situación actual, el canciller de la República Dominicana, Víctor ‘Ito’ Bisonó, anunció que su país ha tomado la decisión de cerrar su embajada en Nicaragua. Bisonó señaló que esta medida se mantendrá mientras persistan las condiciones de deterioro de la democracia en la nación centroamericana.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, enfatizó la urgencia de que Nicaragua recupere el orden constitucional. Ramdin hizo un llamado a los Estados miembros para que consideren el uso de herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población civil, así como la aplicación de restricciones financieras y de viaje dirigidas a autoridades específicas.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, Rosa María Payá, describió al país como un "estado policial". Payá denunció que el Gobierno utiliza una "arquitectura transnacional" con el fin de intimidar y emprender acciones contra sus nacionales que se encuentran en el extranjero.
Finalmente, es importante señalar que la reunión se llevó a cabo sin la presencia de representantes de Nicaragua, dado que el país abandonó la OEA en el año 2023 por orden directa del presidente Ortega.
