El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, continúa avanzando en la consolidación y ejecución de una estrategia de seguridad regional orientada a desarticular las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos en diversos puntos del territorio colombiano. Esta hoja de ruta se ha materializado en una serie de acciones coordinadas entre el mando civil y las fuerzas militares y de policía, buscando fortalecer la presencia del Estado en las zonas más vulnerables.
Como parte de una agenda regional adelantada el pasado viernes, 2 de octubre, el mandatario Abelardo De La Espriella se desplazó hasta el departamento de Sucre, donde convocó y encabezó un consejo de seguridad de alto nivel. En este encuentro, que contó con la participación activa de diversas autoridades municipales y departamentales, el jefe de Estado impartió instrucciones precisas y directrices claras a la Fuerza Pública. El objetivo primordial de estas órdenes es implementar un blindaje efectivo sobre el departamento de Sucre, permitiendo así golpear con contundencia las estructuras criminales que operan en la zona y garantizar la defensa de la población civil, específicamente de las personas trabajadoras y honestas de la región.
El presidente De La Espriella utilizó su cuenta personal de la red social X para informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de este consejo de seguridad. A través de su mensaje, enfatizó que la prioridad del Gobierno es blindar el territorio y combatir a los grupos delictivos, cerrando el comunicado con una expresión de firmeza por la Patria y una referencia religiosa.
De manera simultánea a las gestiones administrativas y estratégicas en Sucre, la Fuerza Pública, siguiendo las órdenes directas del presidente, ejecutó una operación militar que resultó en un impacto significativo contra el grupo narcoterrorista conocido como el Clan del Golfo. De acuerdo con la información suministrada por el mandatario, la operación culminó con la baja de un objetivo estratégico identificado como Cristian Camilo Chavarría Tapias, más conocido bajo los alias de "Terry" o "Keiner".
El sujeto eliminado desempeñaba un rol fundamental dentro de la organización criminal, ya que se desempeñaba como cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al Clan del Golfo. Según el reporte oficial del jefe de Estado, alias "Terry" era el responsable de coordinar actividades ilícitas en el suroeste antioqueño, específicamente en los municipios de Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes.
La caída de este cabecilla representa un golpe directo a las finanzas criminales de la organización, ya que alias "Terry" dirigía las redes de narcotráfico, las actividades de extorsión y los procesos de desplazamiento forzado en las zonas mencionadas. El Gobierno subrayó que la neutralización de este individuo reduce la capacidad de la estructura del Clan del Golfo para aterrorizar a las comunidades locales, quienes han sido víctimas constantes de sus accionar delictivo.
Ante estos hechos, el presidente Abelardo De La Espriella manifestó su determinación de combatir la extorsión, asegurando que los colombianos tienen el derecho fundamental de vivir y trabajar sin verse obligados a pagar cuotas a los bandidos. El mandatario reiteró que el Estado continuará persiguiendo a estas estructuras y a sus líderes con toda la fuerza legal y operativa disponible.
Para cerrar la semana, el presidente presentó un balance detallado sobre las acciones de orden público y los resultados obtenidos por las autoridades en la lucha contra el narcoterrorismo. En un informe reciente, destacó que la ofensiva contra las finanzas criminales no se detiene, proporcionando cifras acumuladas desde el pasado 7 de agosto.
El balance oficial revela que, en el periodo comprendido desde el 7 de agosto hasta la fecha, se han logrado 29.206 capturas de personas vinculadas a actividades delictivas. Asimismo, las autoridades han incautado un total de 113.607 kilos de estupefacientes, limitando la capacidad de exportación y distribución de las mafias. En cuanto al armamento, se han retirado de circulación 3.096 armas de fuego, lo que contribuye directamente a la reducción de la violencia armada en las regiones.
El presidente De La Espriella concluyó que su orden para la Fuerza Pública es clara y tajante: perseguir a los criminales, cortar sus fuentes de financiación y proteger la integridad de todos los colombianos, asegurando que la ofensiva contra el crimen organizado continuará sin tregua.
