Los 32 miembros activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúnen este viernes en Washington, a partir de las 11:00 a.m., con el objetivo de examinar la creación de un grupo voluntario de países que intente establecer un diálogo con Nicaragua. Esta iniciativa surge en un contexto donde el país centroamericano se encuentra políticamente aislado debido a lo que se describe como una deriva autoritaria de su gobierno.
Durante el encuentro, los cancilleres y representantes ante el organismo buscan aprobar una declaración especial sobre la situación nicaragüense, tras varias semanas de negociaciones internas. De acuerdo con el borrador de la declaración final, el cual ha sido consultado por la agencia AFP, existe una profunda preocupación en la región ante el desmantelamiento continuo de la democracia representativa en Nicaragua, especialmente considerando que la oposición ha quedado vetada de participar en futuros procesos electorales.
La propuesta central del borrador es la creación de un "grupo ministerial voluntario de seguimiento". Este grupo tendría la tarea de coordinar los esfuerzos de acercamiento y podría reportar sus avances y resultados nuevamente a los cancilleres de la OEA en un plazo de 60 días.
Nicaragua es gobernada actualmente con mano de hierro por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo. La relevancia de esta convocatoria es notable, ya que la última vez que la OEA convocó a una reunión de consulta de urgencia para cancilleres fue a finales de 2019, ocasião en la que se debatieron medidas contra Venezuela.
El aislamiento de Managua se ha intensificado recientemente. Tras la detención del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Nicaragua ha quedado aún más sola en una región que, además, ha experimentado un giro hacia la derecha. En este escenario, el gobierno de Washington ha identificado una oportunidad histórica para avanzar en sus intereses dentro del ciclo político actual.
A pesar de que Nicaragua abandonó formalmente la OEA en noviembre de 2023, lo que impide que la organización aplique colectivamente medidas de aislamiento o sanciones, Estados Unidos y sus aliados buscan que cada miembro del organismo se posicione públicamente frente al régimen de Ortega y Murillo. El borrador de la declaración subraya que, aunque Nicaragua ya no forme parte de la OEA, sigue estando obligada a respetar la Carta Democrática Interamericana de 2001 y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Este mismo criterio es el que emplea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para emitir sus informes regulares sobre la situación política y humanitaria en el país.
Desde la perspectiva de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio ha implementado durante los últimos meses una serie de sanciones dirigidas a la pareja presidencial, sus familiares, diversos funcionarios del gobierno y empresas públicas. Rubio ha instado a sus socios internacionales a poner fin inmediato a las operaciones habituales con lo que ha calificado como una "brutal dictadura".
El control sobre la sociedad nicaragüense se endureció significativamente tras las protestas de 2018, las cuales dejaron aproximadamente 300 muertos, según datos de la ONU. Entre los sectores más afectados se encuentra la Iglesia católica, que ha sido uno de los objetivos predilectos del gobierno, resultando en el acoso y encarcelamiento de párrocos y obispos. Asimismo, antiguos dirigentes sandinistas históricos han sido perseguidos o encarcelados. Por su parte, el gobierno de Managua califica a la oposición como "traidores a la patria" que actúan al servicio de Washington.
Otro punto crítico es la influencia de China en Nicaragua. Ortega estableció relaciones con Pekín en 2021 tras romper los vínculos con Taiwán. Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua, el Departamento de Estado critica no solo el balance de derechos humanos, sino también la creciente presencia china.
Dentro de la OEA, persiste un punto de litigio sobre si se debe denunciar explícitamente la influencia "extranjera" en la región dentro de la declaración final. Una fuente diplomática cercana a las discusiones explicó a la AFP que, si bien la represión política tiene repercusiones de seguridad ligadas al crimen transnacional o la persecución de exiliados, no se puede caracterizar como una "amenaza a la paz y la seguridad", ya que definirlo de esa manera podría interpretarse como una invitación al uso de la fuerza militar.
