El presidente Abelardo de la Espriella ha puesto en marcha una serie de medidas administrativas contra diversas empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia. A través de un anuncio oficial, el mandatario informó que varias de estas compañías han sido sancionadas o se encuentran en procesos avanzados para la pérdida definitiva de sus licencias de funcionamiento. Estas acciones surgen en el marco de intensas investigaciones centradas en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo, el registro y el control del armamento.
Según la información difundida por Blu Radio, el jefe de Estado confirmó que algunas de estas decisiones ya han sido adoptadas y se encuentran en firme, mientras que otras están en etapas procesales pendientes de resolución final. De la Espriella detalló la situación específica de varias firmas a través de su cuenta en la red social X. En este sentido, señaló que la empresa Maximus ya tiene su licencia cancelada. Por otro lado, para las compañías Blink, Lost Prevention y Atenas, se han tomado decisiones de cancelación que aún están pendientes de quedar en firme. Asimismo, informó que OL Security Group–Servisecurity permanece actualmente suspendida y que el trámite para su cancelación definitiva ya ha sido iniciado.
El Gobierno Nacional ha justificado estas medidas como parte de una ofensiva coordinada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, conocida como Supervigilancia. El objetivo principal de esta operación es combatir a aquellas empresas que incurran en irregularidades graves sobre el control de armas y que, en casos más alarmantes, podrían estar vinculadas con organizaciones delincuenciales. Específicamente, el presidente señaló que la Supervigilancia está avanzando en investigaciones contra compañías que presentarían conexiones con grupos criminales como Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de mostrar anomalías críticas en la custodia de su armamento.
Es fundamental precisar que las menciones realizadas por el mandatario corresponden a investigaciones administrativas y procesos en curso. Por lo tanto, estas declaraciones no implican que las empresas señaladas hayan sido declaradas responsables judicialmente de mantener vínculos con organizaciones criminales hasta el momento.
De la Espriella reveló que, desde el momento en que el actual superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada tomó posesión de su cargo, recibió instrucciones precisas para identificar y desmantelar aquellas compañías que pudieran estar operando como fachadas. Según el Ejecutivo, estas estructuras legales serían utilizadas por delincuentes para facilitar el acceso a armas de fuego y obtener mecanismos de protección bajo un manto de legalidad. “Tan pronto se posesionó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le di una orden clara: perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse”, afirmó el presidente.
El argumento del Gobierno es que el sector de la seguridad privada debe estar sujeto a controles extremadamente rigurosos. Esto se debe a la naturaleza de su actividad, que implica el manejo de armamento y la responsabilidad directa sobre la protección de personas, bienes e instalaciones críticas. En consecuencia, el presidente anunció que las autoridades llevarán a cabo una revisión exhaustiva en todos los departamentos de Colombia para verificar si existen otras empresas que estén incumpliendo las normativas vigentes.
Uno de los ejes centrales de estas inspecciones será el esclarecimiento del paradero de diversas armas cuyo destino no ha sido plenamente establecido en las investigaciones de la Supervigilancia. Ante esta situación, De la Espriella fue enfático al exigir controles más estrictos y la determinación del destino de las armas faltantes, asegurando que cualquier persona con responsabilidad en estos hechos deberá responder ante la justicia, sin importar su cargo o condición.
A pesar de la gravedad de los anuncios, la información disponible no detalla la cantidad exacta de armas que se encuentran desaparecidas, ni especifica a qué empresas exactas están asociadas o en qué regiones geográficas se presentaron las mayores inconsistencias. De igual manera, no se han detallado las conductas específicas que originaron cada una de las decisiones administrativas contra las compañías mencionadas.
Actualmente, la situación jurídica varía según la empresa. Las medidas se fundamentan en la detección de fallas en la custodia, registro y destino de armas, así como en la presentación de reportes financieros incompletos, el registro de domicilios inexistentes y la existencia de moras en obligaciones legales.
En el caso particular de Barranquilla, Maximus Seguridad Privada Ltda. ya cuenta con la licencia cancelada, mientras que Atenas Seguridad Privada Ltda. enfrenta una decisión de cancelación en primera instancia. Blink Seguridad Privada Ltda. (Iblink) presenta una situación mixta con decisiones de cancelación o medidas cautelares de suspensión, algunas ya firmes y otras en trámite. Por su parte, Lost Prevention Ltda. recibió una decisión de cancelación que aún no queda en firme, y OL Security Group – Servisecurity continúa suspendida con la cancelación en trámite. Finalmente, se mencionó que las licencias de Águila de Oro de Colombia Ltda. y Helam Seguridad Ltda., que forman parte de la Unión Temporal AHM Seguridad 2025, se mantienen suspendidas debido a cuestionamientos por posibles nexos y la ejecución de contratos estatales.
