El ingreso de jóvenes profesionales y estudiantes a cargos estratégicos del Gobierno ha generado una serie de cuestionamientos debido a la aparente falta de experiencia laboral requerida para sus niveles remunerativos. El caso más reciente es el de Josefina Waugh Tocornal, ingeniera comercial de 27 años, quien se incorporó a la Cancillería como asesora de gabinete del ministro Francisco Pérez Mackenna.
Waugh Tocornal fue contratada en el escalafón grado 10, rango homologable a un cargo de analista senior, con un sueldo bruto mensual de $2.333.878. Sin embargo, el nombramiento ha sido puesto bajo la lupa ya que la normativa vigente, específicamente el decreto que fija las remuneraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 2019, estipula que para acceder a un cargo grado 10 se debe acreditar una experiencia profesional no inferior a dos años. Según su propio perfil de LinkedIn, la profesional acumula un año y ocho meses de experiencia en la consultora Boston Consulting Group, además de una práctica de Magíster de cuatro meses en la Cepal, donde trabajó en el análisis del mercado laboral latinoamericano hasta julio de 2024.
La llegada de la ingeniera a la administración pública coincidió con la de su madre, la abogada Josefina Tocornal Cooper, quien fue designada por el Ministerio de Hacienda como integrante titular del Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio (CdTI). Ante las dudas sobre el cumplimiento de los requisitos, desde Cancillería respondieron que la contratación cumple con todos los requerimientos y que la resolución correspondiente se encuentra fundada y tramitada ante la Contraloría General de la República.
Este caso se suma a una lista de contrataciones calificadas por críticos como "practicantes del Gobierno". Entre ellas destaca Cristóbal Soto Fuentes, estudiante de primer año de periodismo de la Universidad de los Andes, quien ingresó al Ministerio del Interior con un sueldo inicial de $1,9 millones brutos para labores de redes sociales. Tras el escándalo público, su remuneración fue rebajada a $1,2 millones mensuales para ajustarse a sus años de experiencia.
En el Ministerio de Justicia, Trinidad Zegers ingresó en abril del mismo mes en que obtuvo su título de abogada, percibiendo $2 millones mensuales para labores de coordinación de la reforma al Código Procesal Civil. Zegers es hija de Felipe Zegers Vial, un reconocido director de empresas con presencia en directorios como Coca-Cola y Ripley.
Asimismo, Camila Pérez, abogada y militante de Renovación Nacional, se incorporó al Servicio Nacional de Migraciones con un sueldo de $2,7 millones, llegando a percibir $4,3 millones en junio debido a bonificaciones. A pesar de haber jurado ante la Corte Suprema apenas un mes antes de su ingreso, fue contratada en calidad de "experta".
Otros casos incluyen a Sofía Pumpin, periodista titulada en julio de 2025, quien percibe $2,3 millones en el Ministerio del Interior. Emilio Court Bengolea, estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad de Chile, ha recibido remuneraciones entre $1,3 y $3,7 millones mensuales como experto administrativo en la avanzada presidencial. Por su parte, Sofía Shea, de 24 años, ascendió en la Subsecretaría General de Gobierno desde el grado 14 al 11 en un solo mes, elevando su sueldo de $1,3 a $2,1 millones como jefa del Departamento de Comunicación Digital.
El caso con la remuneración más alta es el de José Tomás Lira Larraín, administrador público de 26 años y jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación Superior. Lira, quien obtuvo su título ocho meses antes de su designación y no posee experiencia previa en el sector público, percibe aproximadamente $4,8 millones mensuales, llegando a recibir más de $10 millones en mayo y junio por pagos retroactivos.
Estas contrataciones han provocado reacciones en el Congreso. Diputados del Partido de la Gente, encabezados por Fabián Ossandón, han denunciado un "doble estándar", criticando especialmente al jefe de asesores del gabinete presidencial, Cristián Valenzuela, quien en el pasado había calificado de "parásitos" a contrataciones sin experiencia en el Gobierno anterior.
