El senador estadounidense Marco Rubio ha manifestado que cualquier proceso de transición política en Venezuela debe centrarse, en primera instancia, en la estabilización económica e institucional del país, antes de apresurar la convocatoria a nuevos comicios presidenciales. Estas declaraciones surgen tras la reciente reunión sostenida entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, encuentro en el cual ambos mandatarios abordaron temas fundamentales como la reconstrucción de la economía venezolana y la hoja de ruta hacia una transición política.
Rubio advirtió con claridad que el objetivo no es simplemente lograr la celebración de elecciones libres y justas, sino garantizar la creación de una república duradera. Según el senador, el mayor riesgo para la estabilidad de una futura administración sería que el mandatario electo heredara una catástrofe económica y social absoluta, lo cual comprometería la viabilidad del nuevo gobierno. En este sentido, Rubio subrayó que Venezuela enfrenta graves problemas derivados de años de destrucción y la afectación de un reciente terremoto, factores que deben ser atendidos antes de proceder a una votación presidencial.
Para mitigar la tensión respecto a los tiempos electorales, Rubio señaló que diputados de la Asamblea Nacional de 2015 se encuentran coordinando con el gobierno interino la reinstitucionalización de los poderes Judicial y Electoral, paso necesario para asegurar que, cuando lleguen las elecciones, estas cumplan con los estándares de transparencia. No obstante, Donald Trump ha sido enfático al afirmar que Venezuela aún no está preparada para ir a las urnas, debido principalmente al ajuste económico pendiente.
El análisis técnico sugiere que el ajuste necesario conlleva un costo político-electoral que ninguna fuerza política desea asumir en este momento. Para erradicar el financiamiento inflacionario y aliviar el déficit fiscal, un nuevo gobierno se vería obligado a sincerar las tarifas de servicios básicos como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. Además, se requeriría la eliminación de subsidios indebidos, especialmente el de la gasolina, la privatización de empresas públicas, la fusión de ministerios, la liquidación de entes públicos y un ajuste general de nóminas y gasto público.
Existe una tensión entre quienes presionan por un cambio político inmediato y quienes advierten sobre los costos sociales de estas medidas. Los problemas económicos, exacerbados por gobiernos populistas y sanciones severas, no pueden resolverse cargando el peso del ajuste sobre los sectores más vulnerables sin generar un recrudecimiento de la conflictividad social. Rubio advierte que convocar presidenciales antes de sanear la economía, reestructurar la deuda y reconstruir la infraestructura dejaría al nuevo mando político caminando sobre un campo minado, haciendo que el país sea extremadamente difícil de gobernar.
La gobernabilidad de Venezuela depende estrictamente del apoyo del Parlamento, las gobernaciones, las alcaldías y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB). Actualmente, el chavismo mantiene el control de 23 de 24 gobernaciones, 285 de 335 alcaldías y 248 de 277 diputados en la Asamblea Nacional de 2025, además del control sobre la FANB y los colectivos armados. Esta estructura le otorga al chavismo la capacidad de generar inestabilidad en las calles y abortar cualquier reforma económica pendiente.
En cuanto a María Corina Machado, aunque posee una notable proyección internacional, Donald Trump ha cuestionado su capacidad para liderar internamente al señalar que no cuenta con una base de poder institucional que la respalde. Trump afirmó que sería difícil para ella ejercer el liderazgo al no contar con el apoyo ni el respeto de amplios sectores del país, incluyendo a sectores de la oposición que participaron en elecciones regionales y parlamentarias previas. En este escenario, si Machado ganara unas presidenciales prematuras, heredaría una bomba de tiempo que podría estallar en los primeros 100 días de gestión.
Por esta razón, la estrategia de Trump y Rubio consiste en que el chavismo asuma el costo político del ajuste económico antes de convocar a elecciones. Esta postura parece haber sido asimilada por Machado, quien ya no exige la validez de los resultados de 2024 y ahora aguarda la autorización para regresar a Venezuela y postularse como candidata.
Finalmente, la arquitectura de control estadounidense sobre la industria petrolera, mediante la Orden Ejecutiva 14373 y las licencias de la OFAC, no representa un levantamiento de sanciones, sino un mecanismo de administración estratégica. Marco Rubio ha sido claro al indicar que la recuperación de la autonomía venezolana no será inmediata y pasará por este filtro de control. Esta administración estratégica podría prolongarse incluso después de un cambio de gobierno para evitar que la conflictividad social restaure el orden anterior. Para la Administración Trump, la transición política es un asunto de viabilidad económica y no solo de legitimidad democrática, prefiriendo mantener la coordinación con el gobierno interino y quienes controlan el territorio y el aparato militar mientras se consolida la recuperación económica.
