La concejal Marysabel Romero, representante del partido Patria, presentó formalmente este jueves un proyecto de ley municipal enfocado en el establecimiento del peso y precio justo. Esta iniciativa legislativa tiene como propósito fundamental reforzar y, sobre todo, institucionalizar los mecanismos de control aplicados a la venta de los productos que conforman la canasta básica familiar dentro de los diversos mercados de la ciudad de Tarija.
El núcleo de esta propuesta radica en la creación de un marco normativo que permita al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT) contar con herramientas legales concretas para intervenir en los puntos de venta. El objetivo es evitar que los consumidores sean víctimas de prácticas desleales, específicamente aquellas relacionadas con la especulación de precios y la alteración del peso exacto de los alimentos esenciales, los cuales son vitales para la subsistencia de la población.
En cuanto a las medidas coercitivas, el proyecto de ley contempla la aplicación de sanciones estrictas para aquellos comerciantes que incurran en engaños hacia los compradores. Según lo detallado por la autoridad, los castigos previstos en la normativa no serán leves, pudiendo abarcar desde la imposición de multas económicas hasta llegar a la clausura de los puestos de venta, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida contra los derechos del consumidor.
La concejal Romero enfatizó que la finalidad primordial de este proyecto es garantizar que el ciudadano reciba exactamente aquello por lo que está pagando. Para ilustrar esta situación, la autoridad mencionó el ejemplo del consumo de carne: si un ciudadano paga por un kilo de este producto, debe recibir un kilo exacto. Para asegurar que esto se cumpla, la iniciativa propone que los compradores tengan la posibilidad de verificar el peso de sus productos de manera inmediata y gratuita dentro de los mercados, eliminando así la incertidumbre sobre la cantidad de alimento adquirida.
Un punto relevante de la presentación fue la mención a los antecedentes de este tipo de controles en la ciudad. Romero señaló que, en gestiones pasadas, ya se habían implementado iniciativas orientadas al control de precios y pesos por parte de la Alcaldía. Sin embargo, estas acciones quedaron en el ámbito de la gestión administrativa temporal y no lograron concretarse en una ley municipal debidamente promulgada. Es precisamente este vacío legal el que la concejal pretende llenar, argumentando que no se trata de una iniciativa imposible o de difícil ejecución, sino de una necesidad pendiente de formalización.
La justificación social de la propuesta se fundamenta en el contexto económico actual. La concejal destacó que las familias tarijeñas atraviesan una crisis económica que hace indispensable la protección de sus derechos como consumidores. En este sentido, la ley busca evitar que la capacidad adquisitiva de los ciudadanos se vea mermada por prácticas fraudulentas en los mercados.
Romero subrayó que la institucionalización de estas acciones es clave para que la Alcaldía mantenga una presencia constante y efectiva en los centros de abasto, asegurando que se respete el precio correcto. La autoridad hizo hincapié en que cualquier diferencia en el peso, por pequeña que parezca, representa una afectación económica real. En sus palabras, si una persona paga por un kilo y recibe únicamente 900 gramos, se produce un perjuicio directo que impacta con mayor severidad a las personas más vulnerables de la sociedad, quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos básicos.
Con la presentación de este proyecto, se busca que el control de la canasta básica deje de ser una medida coyuntural y se convierta en una política municipal permanente, otorgando seguridad jurídica tanto al municipio para sancionar como al ciudadano para exigir la calidad y cantidad justa de sus productos.
