Los alcaldes de las comunas de Renca y Quilicura, Claudio Castro Salas y Paulina Bobadilla Navarrete, han manifestado su rechazo a la actual gestión de la expansión de las redes eléctricas en sus territorios, denunciando una falta de consulta municipal y una evidente disparidad en los estándares de construcción según la zona geográfica. A través de una carta dirigida al Director, las autoridades locales expusieron las irregularidades que consideran presentes en la adjudicación de proyectos de transmisión eléctrica y la urgencia de actualizar la normativa vigente.
El conflicto se sitúa en el marco de una convocatoria realizada por el Ministerio de Energía, donde se citó a diversos alcaldes para dialogar sobre la reforma de las redes eléctricas. El objetivo de dicha instancia es actualizar una legislación que data de hace 44 años, la cual, según los mandatarios, impide que las municipalidades participen oportunamente en las decisiones que afectan directamente sus territorios. No obstante, Castro y Bobadilla señalaron que, a pesar de haber preparado una propuesta concreta para presentar a la ministra, el equipo técnico del Ministerio no permitió que dicha entrega se concretara.
El caso más crítico mencionado por las autoridades es la publicación, en julio de 2025, de un decreto que adjudicó la construcción de la subestación Lo Campino a una filial de la empresa SAESA. Este proyecto contempla la instalación de 28 torres de alta tensión en el Parque Metropolitano Cerros de Renca, un área que comprende 839 hectáreas distribuidas entre Renca y Quilicura, y que ha sido proyectada como el gran parque del norte de Santiago. Los alcaldes denuncian que no fueron consultados durante el proceso y que, para el momento en que tomaron conocimiento de la obra, la ubicación ya había sido definida y los plazos de ejecución ya estaban corriendo.
Ante esta situación, los alcaldes de Renca y Quilicura proponen que la nueva ley de redes eléctricas establezca un mecanismo obligatorio de notificación. Sugieren que, antes de que se dicte cualquier decreto de expansión de la transmisión, los municipios donde se ubiquen las obras sean notificados formalmente. Esto permitiría a las administraciones locales emitir un informe previo, ya sea favorable o desfavorable, basándose en el conocimiento técnico que poseen sobre sus planes reguladores, los barrios que resultarían afectados y las inversiones públicas que ya están comprometidas en la zona.
Según argumentan los jefes comunales, la llegada tardía de la información provoca que la única vía de acción para los municipios sea la judicialización de los proyectos. Este escenario, advierten, no solo genera conflictos sociales, sino que encarece los costos y retrasa la ejecución de infraestructuras eléctricas que son necesarias para el desarrollo del país.
Además de la falta de consulta, la misiva pone énfasis en lo que califican como una falta de justicia territorial. Los alcaldes comparan la obra proyectada en sus comunas con otro proyecto ejecutado por la misma empresa en la comuna de Providencia. En dicho sector, se construye una subestación de menor capacidad y tamaño, pero con un presupuesto reconocido que es, al menos, un 20% mayor. Esta diferencia presupuestaria permitió que la obra en Providencia fuera soterrada, mientras que en Renca y Quilicura se proyectan torres de 35 metros de altura sobre el parque.
Para Claudio Castro Salas y Paulina Bobadilla Navarrete, la aplicación de estándares distintos según la comuna demuestra que el Estado está profundizando la desigualdad. Los alcaldes sostienen que, si bien Chile requiere avanzar en su infraestructura eléctrica, es imperativo que las decisiones sobre dónde y cómo construir se tomen con toda la información disponible y bajo criterios de equidad, evitando que situaciones similares se repitan en otras comunas del país. Finalmente, expresaron su confianza en que el diálogo con las municipalidades no se limite a una sola jornada y que se incorpore la justicia territorial en las inversiones concesionadas por el Estado.
