Francia atraviesa una jornada de profunda inestabilidad tras el agravamiento de las protestas estudiantiles que sacuden al país desde la semana pasada. Este jueves, el clima de tensión escaló significativamente, registrándose incendios, bloqueos y enfrentamientos violentos frente a decenas de instituciones educativas. La magnitud de los disturbios ha derivado en un balance de casi 2.000 detenciones, lo que obligó al primer ministro, Sébastien Lecornu, a convocar de urgencia un gabinete de crisis para gestionar la situación.
El impacto en el sistema educativo ha sido masivo. Según detallaron las autoridades, un total de 1.027 de los 3.700 lycées del país —centros de enseñanza secundaria para alumnos de entre 15 y 18 años— se vieron afectados por las acciones del movimiento. De estos, se han registrado bloqueos efectivos en 222 establecimientos. La situación fue particularmente crítica en los alrededores de París, donde los responsables regionales informaron que cerca de 50 centros educativos se convirtieron en escenarios de violencia, enfrentamientos y daños materiales.
El malestar estudiantil tiene raíces profundas relacionadas con las condiciones educativas. Las demandas principales se centran en el hacinamiento de las aulas, la falta de profesores y el deterioro general de las instalaciones. Asimismo, los estudiantes denuncian jornadas escolares excesivamente extensas que suelen prolongarse desde las 8 de la mañana hasta última hora de la tarde. A este descontento se han sumado exigencias para detener el recorte de becas y frenar la eliminación de puestos en el ámbito universitario.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido contundente. El ministro del Interior, Laurent Núñez, condenó lo que calificó como una “violencia desenfrenada”. Fuentes del ministerio citadas por la prensa local sostuvieron que las movilizaciones han dejado de ser una “expresión legítima de las reivindicaciones de los estudiantes de instituto” para adquirir las “características de una situación de violencia urbana”.
Los episodios de violencia han sido severos en diversas ciudades. En Marsella, se reportó que un director de escuela y su adjunto fueron rociados con gasolina, mientras que un periodista del canal de televisión M6 fue atacado dentro del mismo centro. En Nantes, los bomberos intervinieron para apagar un incendio en la entrada de un liceo, en una jornada marcada por agresiones contra el personal educativo.
El transporte público también se vio gravemente afectado. En Estrasburgo, las autoridades suspendieron la circulación de los tranvías con el objetivo de restringir los movimientos de manifestantes y alborotadores. En Toulouse, cientos de jóvenes invadieron las vías del sistema urbano, volcaron contenedores de basura, provocaron incendios y destruyeron paradas de autobús. De manera similar, en Lille, un grupo de personas con el rostro cubierto rompió la vidriera de una parada antes de que los equipos de emergencia extinguieran las llamas de los contenedores volcados. También se reportaron incidentes en Lyon y en Pantin, en la periferia de la capital. La onda expansiva llegó incluso a Bélgica, donde la policía informó de manifestaciones y daños en varias escuelas de la ciudad de Lieja.
El balance oficial de la jornada es alarmante: se contabilizaron 1.949 arrestos y 305 integrantes de las fuerzas de seguridad lesionados. El Ministerio de Educación añadió a estas cifras la herida de 65 trabajadores de los centros escolares y 170 alumnos.
A las protestas de secundaria se sumaron los universitarios, quienes bloquearon el acceso a unos 30 campus. Los testimonios de los estudiantes reflejan una crisis de infraestructura y salud mental. Raphael, un joven de 17 años de Estrasburgo, describió la situación de su colegio: “Somos 35 alumnos por aula. Con 35 grados en verano, es insoportable. No hay suficientes baños y hay filtraciones de agua en algunas aulas. El edificio se cae a pedazos y la cafetería es demasiado pequeña. No hay presupuesto ni recursos, y faltan vigilantes”. Por su parte, en París, Salama Gargouri, de 18 años, criticó los horarios sobrecargados y las trabas en la admisión universitaria, mientras que Janna Tahari señaló el desgaste que generan las jornadas de diez horas diarias en la salud mental adolescente.
Ante la escalada, el primer ministro Lecornu ordenó a sus ministros suspender sus viajes programados para concentrarse en la gestión local del conflicto. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, solicitó a los 36 fiscales generales del país una “respuesta penal firme” contra los actos vandálicos y los bloqueos. Por otro lado, el ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció el cierre preventivo de unos 400 establecimientos para el viernes, implementando clases virtuales en los centros con mayor riesgo. Geffray afirmó que el movimiento ha sido “tomado como rehén por grupúsculos ultraviolentos”, aunque aseguró que la violencia no privará a los alumnos de su derecho a la educación.
Finalmente, el conflicto ha escalado al plano político. El Ejecutivo atribuyó los disturbios a la izquierda radical, basándose en informes de los servicios de inteligencia. Esta versión fue rechazada por Manuel Bompard, dirigente de Francia Insumisa (LFI), quien acusó al oficialismo de recurrir a “teorías conspirativas”. Jean-Luc Mélenchon, líder de LFI y candidato para 2027, respaldó a los manifestantes calificando la movilización como inédita en cuatro décadas, aunque pidió “disciplina” para evitar que las imágenes de violencia sirvan a sus adversarios políticos.
