La Organización de Estados Americanos (OEA) se prepara para llevar a cabo una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores con el objetivo de discutir la crítica situación política y de derechos humanos en Nicaragua. El encuentro, programado para el 2 de octubre de 2026 en la sede del organismo en Washington, ocurre en un momento de alta tensión diplomática, a menos de 24 horas de su inicio, y marca la primera vez que la OEA convoca una reunión de este tipo desde 2017, año en que se abordó la crisis en Venezuela.
Hasta el momento, el balance de confirmaciones muestra un panorama diverso entre los Estados miembros. De los 33 países convocados, solo 23 han confirmado su asistencia. De este grupo, apenas siete ministros de Exteriores han asegurado su presencia física en la cumbre. Entre los países que han confirmado el envío de sus cancilleres se encuentran Guatemala, Jamaica, Paraguay, Perú y la República Dominicana.
Por otro lado, una parte considerable de los convocados ha optado por enviar representaciones de menor rango. Un total de 16 gobiernos informaron que asistirán a través de diplomáticos o sus representantes permanentes ante la OEA. Asimismo, cuatro países han designado a sus viceministros o secretarios de Relaciones Exteriores para asumir la representación provisional del número dos de sus respectivas cancillerías.
Un punto de especial atención para los analistas políticos y la oposición nicaragüense es la postura de Estados Unidos. Hasta la fecha, el gobierno estadounidense no ha confirmado su participación ni ha designado a un representante. La asistencia del secretario de Estado, Marco Rubio, es vista como un gesto diplomático que tendría un peso significativo dentro del foro regional.
El origen de esta convocatoria extraordinaria se remonta al 19 de agosto de 2026, cuando 29 países votaron a favor de la reunión, mientras que Brasil votó en contra y México se abstuvo. El detonante principal fue la declaración emitida el 19 de julio por el dictador Daniel Ortega, quien copreside Nicaragua junto a su esposa, Rosario Murillo, asegurando que en el país no se celebrarían más elecciones. A esto se sumó la implementación de una reforma constitucional diseñada para prohibir la participación electoral de cualquier persona considerada “traidor a la patria”, término utilizado en referencia directa a los sectores de la oposición.
A pesar de que Nicaragua abandonó la OEA en el año 2023 por orden de Ortega y Murillo, el organismo procederá a debatir y votar una resolución impulsada por un bloque compuesto por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana. Dicho documento insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones necesarias para la realización de elecciones que sean libres, justas e inclusivas.
La resolución propuesta no se limita al ámbito electoral; también exige el respeto pleno a las libertades fundamentales, la liberación incondicional de todos los presos políticos, la divulgación del paradero de las personas desaparecidas, la restitución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella y el restablecimiento tanto del pluralismo político como de la separación de poderes.
Sin embargo, el consenso no es total. El gobierno de Brasil ha presentado una propuesta de modificación al proyecto de resolución. El planteamiento brasileño busca eliminar la mención a que las políticas y prácticas del régimen nicaragüense tienen “efectos extraterritoriales que amenazan la paz y la seguridad del Hemisferio”. Además, Brasil propone sustituir la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento por un Grupo de Personas Eminentes dedicado a promover el diálogo. Esta postura choca con la de Estados Unidos y Paraguay, quienes se oponen a borrar la referencia a las “actividades perniciosas de personal de seguridad extrahemisférico”.
En el ámbito de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado intervenir en la reunión. La comisionada Rosa María Payá, relatora para Nicaragua, busca presentar una actualización sobre la situación del país. Payá ya había advertido previamente ante el Consejo Permanente que la crisis tiene un impacto regional, citando la persecución de nicaragüenses en el exilio, los actos de represión transnacional y el desplazamiento forzado de miles de personas.
Finalmente, expertos de las Naciones Unidas y de la CIDH han enfatizado que el eje central de la reunión debe ser la democracia y el restablecimiento del estado de derecho. Ambos organismos han sido tajantes al señalar que las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales y que, por lo tanto, los elementos esenciales de la democracia son inexistentes en el país.
