La reciente intervención de un presunto criadero clandestino de perros en el distrito de San Juan de Miraflores ha desencadenado una fuerte controversia, no solo por la crueldad animal evidenciada, sino por la falta de transparencia en el destino final de los animales rescatados. El caso cobró mayor relevancia tras la denuncia pública realizada por la conductora Magaly Medina en su programa ‘Magaly TV La Firme’, donde se cuestionó la gestión de la Municipalidad de San Juan de Miraflores respecto al paradero de los 48 canes intervenidos.
El operativo inicial, realizado por autoridades municipales, agentes del Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú, permitió el rescate de decenas de perros, principalmente de las razas bulldog inglés y bulldog francés. Según los reportes, los animales eran mantenían en condiciones precarias y se presume que eran utilizados para la reproducción con fines comerciales. Tras el rescate, los canes fueron trasladados a la veterinaria municipal, donde se constataron graves problemas de salud: heridas en la piel, uñas excesivamente largas y sangrantes, presencia de hongos, afecciones oculares y signos de golpe de calor.
Uno de los hallazgos más alarmantes fue la denuncia de presuntas intervenciones quirúrgicas brutales y mal ejecutadas. Según la información difundida, algunos perros habrían sido sometidos a cortes en las cuerdas vocales para evitar que ladraran y así impedir que los vecinos denunciaran el ruido generado por la cantidad de animales. Asimismo, se reportaron cicatrices de cesáreas clandestinas realizadas sin el rigor de un cirujano veterinario. De los animales rescatados, seis cachorros requirieron el uso de incubadoras, encontrándose dos de ellos en estado delicado.
A pesar de la magnitud del rescate, la preocupación aumentó cuando se reveló que los 48 animales ya no se encontraban reunidos en la veterinaria municipal. Magaly Medina, a través de un informe periodístico, manifestó su inquietud ante la posibilidad de que los perros, habiendo sido explotados como "máquinas de reproducción", pudieran haber caído nuevamente en manos de personas inescrupulosas que vean en estas razas una fuente de lucro.
En el marco de la investigación, una reportera del programa, acompañada por integrantes de colectivos animalistas, se trasladó a la clínica municipal. El equipo periodístico informó que, al ingresar al local, no encontraron a ningún veterinario ni asistente de turno, confirmando que los perros ya no estaban en las instalaciones. Esta situación generó interrogantes sobre la celeridad y los criterios utilizados para dar en adopción a los animales.
Desde el sector animalista, las críticas han sido severas. Representantes de diversos colectivos manifestaron su preocupación debido a que los canes presuntamente no habían sido esterilizados antes de su entrega, lo que incrementa el riesgo de que el ciclo de explotación reproductiva se repita. La exigencia principal de los activistas es la transparencia total: solicitan el empadronamiento detallado de los 48 perros, sabiendo exactamente quiénes los tienen y dónde se encuentran.
Por su parte, Juan Abad, representante del Bulldog Club Peruano, relató que durante el proceso de distribución observó una falta de coordinación preocupante. Según Abad, se habría implementado un sistema donde "el que viene temprano es el primero que se lleva al perro" mediante la firma de un acta, sin que se realizara un filtro exhaustivo sobre si el adoptante contaba con el espacio o las condiciones adecuadas para el cuidado del animal.
Ante estas denuncias, la alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro Pichihua, brindó declaraciones aclarando la situación. La autoridad edil confirmó que los animales fueron distribuidos en un plazo de veinticuatro horas, asegurando que se consiguió rápidamente a personas y entidades dispuestas a recibirlos temporalmente.
Al ser cuestionada sobre la ubicación exacta de los canes, la alcaldesa admitió no tener la cifra precisa de cuántos se encuentran en veterinarias, pero sostuvo que el resto fue entregado a "amigos aliados" y rescatistas animalistas. Castro Pichihua enfatizó que cada entrega cuenta con un acta correspondiente y que todo el proceso se está coordinando con la fiscalía para garantizar que los animales estén debidamente registrados y salvaguardados. No obstante, el pedido de los colectivos y la presión mediática persisten, exigiendo que se aplique la ley con rigor contra el responsable del criadero y se asegure el bienestar a largo plazo de los rescatados.
