Una compleja investigación judicial sobre narcotráfico ha culminado con la imputación de siete personas, entre las cuales se encuentran cuatro hermanas, acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes con un fuerte despliegue operativo en el sur de la provincia de Santa Fe y conexiones estratégicas en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Tras el proceso judicial, la Justicia determinó que cinco de los acusados permanezcan bajo prisión preventiva durante un plazo de seis meses, mientras que los otros dos imputados quedaron en libertad debido a que se les atribuye una participación secundaria en la estructura criminal.
El caso es impulsado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) de la Región NEA, en conjunto con la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal de Rosario. De acuerdo con las precisiones brindadas por la Fiscalía, la organización habría estado plenamente operativa al menos desde el 3 de mayo de 2024, estableciendo una red de distribución que abarcaba múltiples localidades y coordinaba el ingreso de sustancias desde el exterior.
Uno de los hallazgos más significativos de la pesquisa es la conexión de la red con un centro penitenciario. La investigación reveló que una de las presuntas coordinadoras de la banda recibía instrucciones directas de un hombre ya condenado por narcotráfico, quien se encuentra actualmente alojado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Este vínculo fue descubierto gracias a una pericia forense realizada sobre un teléfono celular incautado el 8 de mayo de 2024, dispositivo que pertenecía al condenado. La hipótesis fiscal sostiene que, a pesar de encontrarse privado de su libertad, el detenido intervenía activamente en la planificación de los movimientos de la droga.
En dicho dispositivo se detectaron comunicaciones con E.T.M., una de las imputadas y figura central de la red. En estos intercambios se discutían detalles sobre paquetes de estupefacientes y diversos aspectos operativos de la actividad ilícita. A raíz de este descubrimiento, la Fiscalía intensificó las intervenciones telefónicas y las tareas de seguimiento, lo que permitió reconstruir una modalidad de trabajo coordinada con roles estrictamente diferenciados para el traslado, acopio, distribución, cobro y administración del dinero.
El fiscal federal coadyuvante, Franco Benetti, subrayó durante la audiencia que las pruebas reunidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) permiten descartar que los vínculos entre los implicados fueran meramente familiares o sociales aislados, confirmando la existencia de una estructura organizada. Esta investigación desembocó el 9 de septiembre en la ejecución de 29 allanamientos simultáneos, donde fueron detenidas E.T.M., N.I.M., L.P.M., E.V.M., E.M.L., L.O.J.L. y M.C.A.S.
Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron una cantidad considerable de activos y elementos: 38.700 dólares estadounidenses, cheques diferidos por un valor de 3 millones de pesos, cinco escopetas, 420 cartuchos de diversos calibres, seis automóviles, cuatro camionetas y 42 teléfonos celulares. Asimismo, se incautó más de un kilogramo de marihuana y otros materiales que serán sometidos a análisis periciales.
La Fiscalía detalló que los inmuebles allanados cumplían funciones específicas dentro de la operatoria: algunos servían como puntos de reunión, otros como centros de acopio de sustancias, espacios para el resguardo de dinero o domicilios desde los cuales se coordinaban las entregas.
En cuanto a la jerarquía, se señaló a E.T.M. como la pieza central, encargada de coordinar el abastecimiento mediante viajes al norte argentino y a Bolivia, fijar los precios, gestionar la distribución mayorista entre revendedores y recaudar los ingresos. Su hermana, N.I.M., habría brindado apoyo logístico en la zona de frontera, realizando viajes frecuentes a Aguas Blancas para coordinar el ingreso de la droga y su traslado a Rosario, además de administrar dinero y realizar ventas.
Por su parte, L.P.M., otra de las hermanas, participaba en viajes hacia Salta y Bolivia para adquirir las sustancias y acompañaba a E.T.M. en traslados a Córdoba, donde la red contaba con clientes. Finalmente, E.V.M. se encargaba de la distribución, la custodia de la droga en su domicilio y la comercialización, actuando como conductora habitual en los viajes de entrega y cobro hacia Junín, además de supervisar el fraccionamiento de las sustancias y la recaudación.
La red extendía su actividad por Rosario, Roldán, Funes, Carcarañá y Villa Gobernador Gálvez, utilizando la ciudad de Junín como uno de los principales destinos de los envíos y la recaudación de fondos. Otros implicados, como E.M.L., habrían gestionado el acopio de sustancias y activos desde el microcentro rosarino a través de cuentas virtuales para financiar la actividad. L.O.J.L. y M.C.A.S. también fueron imputados como integrantes de la organización.
