La Corte Suprema de Justicia ha emitido resoluciones que generan fuertes repercusiones en el ámbito político y sindical. En primer lugar, el máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La Corte sostuvo que la Justicia no puede intervenir mediante un control abstracto de legalidad y que la soberanía territorial no constituye un “bien colectivo” según el artículo 43 de la Constitución Nacional. Esta decisión fue rechazada por el CECIM y el diputado Germán Martínez, quienes advierten que se eliminan los límites para que extranjeros adquieran tierras rurales, vinculando este hecho al Decreto 70/23 del gobierno de Javier Milei.
En paralelo, el tribunal enfrenta una controversia relacionada con la Unión Obrera Metalúrgica. La oposición del gremio, la Lista Naranja, solicitó que el ministro Ricardo Lorenzetti se aparte de la causa sobre la intervención de la UOM. El argumento es un potencial conflicto de intereses, ya que Lorenzetti fue asesor legal de la UOM Rafaela durante 18 años, manteniendo un vínculo estrecho con Roberto Oesquer.
Si Lorenzetti se retira, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, deberá convocar a un conjuez. Fuentes judiciales advierten que esto significaría la pérdida de un voto que se consideraba seguro para el actual secretario general. Además, el interventor judicial Alberto Biglieri cuestionó la legitimidad de Abel Furlán para presentarse como titular del gremio, argumentando que dicha condición está suspendida precisamente por la intervención judicial.
Dos frentes abiertos en el máximo tribunal que impactan directamente en la propiedad de la tierra y la conducción de uno de los sindicatos más numerosos del país.
Siguenos en Noticias lat para más noticias.