El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, se pronunció este miércoles 30 de septiembre respecto a las recientes medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, las cuales implican la imposición de restricciones de visa a diversos funcionarios públicos del Estado boliviano. Durante su intervención, el titular de la cartera de Gobierno fue enfático al declarar que no posee información detallada ni conoce la identidad de las personas integradas en una segunda lista de sancionados.
La controversia se originó tras los anuncios realizados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En primera instancia, el gobierno estadounidense publicó una lista compuesta por 12 autoridades y exautoridades bolivianas a quienes se les revocaron las visas. Entre los nombres destacados en este primer grupo se encuentra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sobre quien recayeron señalamientos directos de haber aceptado sobornos provenientes de redes de narcotráfico.
Posteriormente, el Departamento de Estado expandió sus acciones a través de sus redes sociales oficiales, informando que se están tomando medidas adicionales para imponer restricciones de visa a otros 20 funcionarios bolivianos, a quienes calificaron como corruptos. Ante esta nueva revelación, el ministro Marco Antonio Oviedo respondió de manera tajante, asegurando que desconoce la composición de dicho grupo de 20 personas. “No la conozco. No soy del Gobierno de Estados Unidos, yo soy funcionario del Gobierno de Bolivia”, manifestó el ministro, marcando una distancia clara entre la administración estadounidense y la boliviana en cuanto al manejo de dicha información.
En relación a la primera lista, que ya incluye al fiscal general del Estado, el ministro Oviedo sostuvo que la responsabilidad de investigar los hechos y las implicaciones legales recae sobre la Asamblea Legislativa. Según el funcionario, este órgano es el ente competente para llevar adelante el proceso debido a sus atribuciones constitucionales de fiscalización. Asimismo, subrayó que la Asamblea Legislativa es la instancia desde la cual emana el nombramiento del fiscal general, lo que refuerza la necesidad de que sea este cuerpo legislativo quien analice la situación.
El ministro de Gobierno hizo una distinción técnica sobre la naturaleza de las sanciones impuestas. Oviedo explicó que el retiro de las visas es una facultad soberana de cualquier Estado, pues corresponde a cada país determinar qué ciudadanos extranjeros tienen el derecho de ingresar a su territorio y quiénes no. En este sentido, señaló que la Asamblea Legislativa ya se ha pronunciado sobre el hecho, basándose en sus dos facultades principales: la de legislar y la de fiscalizar.
A pesar de las acusaciones provenientes del exterior y las restricciones impuestas a funcionarios del Estado, el ministro Oviedo defendió la gestión interna en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. El titular de Gobierno afirmó que el Estado boliviano mantiene una política “drástica” en la lucha contra el narcotráfico, asegurando que no habrá retrocesos en esta materia.
Finalmente, respecto a las denuncias que puedan surgir sobre bolivianos involucrados en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, Oviedo reiteró que el Gobierno aplicará su política de tolerancia cero. El ministro destacó que los resultados actuales de la tarea antinarcóticos en Bolivia son, según sus palabras, "exitosísimos", reafirmando el compromiso del Ejecutivo en combatir este delito sin importar las presiones o anuncios internacionales.
