¿Puede un senador electo con más de 134 mil votos quedar fuera del Congreso sin una condena vigente? Este es el centro de la controversia jurídica que rodea a Wadith Manzur.
El congresista se encuentra actualmente detenido en la cárcel La Picota. Su captura fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia apenas tres días después de las elecciones, en las que Manzur logró dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado de la República. El motivo de su detención es su presunta participación en el escándalo de corrupción por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD.
Debido a su situación judicial, Manzur no ha podido posesionarse en su cargo. Ante esto, su abogado para asuntos internacionales, Víctor Mosquera, presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, la UIP. La defensa argumenta que, en Colombia, la presunción de inocencia es un pilar de la justicia y que, al no haber sido vencido en juicio, no se le pueden negar sus derechos políticos.
Como resultado, la UIP ha requerido formalmente a la Corte Suprema, al Congreso de la República y al Consejo de Estado para que rindan información sobre las razones por las cuales no se ha permitido la posesión del senador electo. La defensa denuncia que, estando bajo custodia del Estado, se negaron todas las alternativas propuestas para que Manzur prestara juramento.
Además, el congresista enfrenta una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, la cual podría despojarlo de su mandato y de sus derechos políticos. Ahora, las entidades colombianas deberán explicar por qué no se le entregó su credencial de senador, a pesar de no contar con una condena vigente.
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