El Sindicato de Inquilinas de Madrid lidera la protesta en Sol con la estrategia 'Nos quedamos'

La Puerta del Sol en Madrid se ha convertido una vez más en el epicentro de una movilización social, aunque con matices distintos a procesos anteriores. En esta ocasión, el protagonismo recae en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, una organización sin ánimo de lucro que, a través de su característica marea naranja, marca el ritmo, la agenda y la comunicación de la acampada actual. La organización, que no llega a los diez años de existencia, se posiciona como el motor de una protesta que busca soluciones urgentes al problema de la vivienda.

Entre las voces más visibles de este movimiento se encuentra Ruth Galán, quien ha transitado el camino desde ser una afectada por los fondos inmobiliarios hasta convertirse en una de las lideresas de la protesta. Galán conoció el sindicato hace tres años, en un momento crítico en el que la SAREB, el denominado banco malo, pretendía finalizar el contrato de alquiler de Galán y de otros 16 vecinos en un bloque de Casarrubuelos, al sur de la Comunidad de Madrid. Tras años de disputa contra lo que ella califica como un "fondo buitre", la lucha colectiva dio resultado hace unos meses con la renovación de sus contratos por un periodo de siete años.

Actualmente, Galán forma parte del equipo de portavoces que gestiona la presencia mediática de la acampada, junto a figuras como Alicia del Río, Valeria Racu y Fernando de los Santos. El sindicato, nacido en Madrid en 2017 casi simultáneamente al de Barcelona, surgió ante la ausencia de estructuras de amparo para los inquilinos que enfrentaban subidas de precios, llenando un vacío que, según Galán, ni los sindicatos tradicionales ni plataformas como la PAH cubrían en aquel momento.

Uno de los pilares fundamentales de la organización es su independencia política. A pesar de contar con la colaboración de perfiles que han pasado por las instituciones, como Alejandra Jacinto —exdiputada de la Asamblea de Madrid y portavoz de Unidas Podemos en la Comunidad—, el sindicato insiste en que no responden a ningún partido. Esta postura les permite criticar tanto a la derecha, a la que acusan de abrir las puertas a los fondos buitre, como a la izquierda, a la que señalan por su inacción frente al problema habitacional. Jacinto, experta en derecho a la vivienda, se ha integrado ahora en la red de abogados que asesora a los afiliados.

La operatividad del sindicato se basa en una estrategia concreta denominada "Nos quedamos". Este plan consiste en invitar a los inquilinos que enfrentan desahucios o subidas indiscriminadas a permanecer en sus hogares, manteniendo el pago puntual del alquiler y sumándose a la organización. El objetivo es prolongar el conflicto legal hasta cuatro años para forzar a los propietarios a negociar indemnizaciones o nuevas prórrogas, evitando llegar a juicio. Un ejemplo de éxito de esta metodología fue la negociación con el fondo Blackstone en 2021, que resultó en la firma de 84 nuevos contratos con una duración de siete años y tres prorrogables, sin subidas abusivas.

En términos organizativos y financieros, el sindicato se sostiene mediante cuotas de sus afiliados. Las modalidades varían desde una cuota estándar de 10 euros mensuales (o 100 euros anuales), una cuota de apoyo de 20 euros al mes y una cuota social de hasta 50 euros al año. Con una estimación de 10.000 afiliados a nivel de confederación, los ingresos anuales podrían oscilar entre los 500.000 y el millón de euros. En Madrid, la asociación tiene su sede en la calle Embajadores y cuenta con casi 2.000 afiliados, un crecimiento notable frente a los menos de 500 que tenía en 2023. Estos fondos se destinan al pago de personal laboral y asistencial —tienen seis empleados— y a una caja de resistencia para afrontar posibles denuncias.

Sin embargo, la estrategia del sindicato no está exenta de controversia. Ricardo Alonso, propietario de Urbagesa y dueño del piso vinculado al caso de Maricarmen, ha criticado públicamente la actuación de la organización. Alonso sostiene que el sindicato ha intentado convertir a Maricarmen en un "símbolo" aprovechando su perfil de vulnerabilidad y ha denunciado la difusión de información falsa en redes sociales, asegurando que los intentos de interlocución fueron complicados debido a intereses ajenos a la resolución del conflicto.

Mientras el debate continúa, la acampada en Sol sigue atrayendo a otros colectivos, como profesoras de infantil en huelga, defensores del Sáhara Occidental y la Coordinadora Juvenil Socialista, todos orbitando bajo la coordinación de la marea naranja que busca presionar a los poderes políticos para obtener un decreto que proteja efectivamente a los inquilinos.