La jornada de este lunes estuvo marcada por una noticia de alto impacto diplomático y político para el Estado boliviano: el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, decidió revocar la visa de ingreso al Fiscal General del Estado, Róger Mariaca. Esta medida no es un hecho aislado, ya que el Departamento de Estado estadounidense informó que la restricción alcanza a más de una decena de personas, incluyendo ciudadanos de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
La notificación oficial fue difundida a través de Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, quien explicó que esta acción forma parte de una estrategia denominada "El Escudo de las Américas". Según el comunicado, esta iniciativa no se limita a palabras, sino que es una coalición que toma medidas concretas. En este sentido, el gobierno estadounidense señaló que está imponiendo restricciones de visado a actores corruptos en los países mencionados, argumentando que estas personas socavan los gobiernos elegidos democráticamente.
Ante este escenario, Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), brindó un análisis detallado sobre las implicaciones de esta decisión. Aparicio sostuvo que la medida del gobierno de Trump posee un trasfondo que debe ser evaluado desde tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, considera que se trata de una denuncia sobre la existencia de un "narcoestado" que se habría consolidado en Bolivia a lo largo de los últimos 20 años. En segundo lugar, interpreta la acción como un mensaje directo al gobierno para que proceda al desmantelamiento del aparato vinculado al narcotráfico. Finalmente, la tercera dimensión sería una advertencia clara dirigida a jueces, fiscales y empresarios para que eviten involucrarse en actividades ilícitas, corrupción o en la protección del narcotráfico y el crimen transnacional.
El exdiplomático fue enfático al señalar que, aunque la medida no involucra directamente al gobierno de Rodrigo Paz, representa un llamado de atención necesario para que se tome con seriedad la tarea de cambiar la "estructura mafiosa" que permanece dentro del Estado. Aparicio advirtió que muchos de los perfiles cuestionados no han sido removidos de sus cargos e, incluso, algunos fueron nombrados durante la administración actual. No obstante, Aparicio hizo una precisión jurídica importante: aclaró que la revocatoria de una visa es una medida administrativa de carácter migratorio. Por lo tanto, no debe confundirse con una acusación penal, ya que jurídicamente no tiene vinculación con el derecho penal, aunque sí posee una carga política y diplomática considerable contra regímenes que han colaborado con lo que Estados Unidos define como "narcoterrorismo".
Por su parte, desde el ámbito legislativo, el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, manifestó que la gravedad de la situación amerita que el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, dé un paso al costado. Alarcón argumentó que, al ser la máxima autoridad del Ministerio Público, su permanencia en el cargo podría obstaculizar una investigación transparente, independiente e imparcial en Bolivia sobre su persona y las otras figuras señaladas en la lista de Estados Unidos.
El legislador advirtió que, en caso de que el Fiscal General no renuncie o se aparte de sus funciones de manera inmediata, la Asamblea Legislativa debería promover un juicio de responsabilidades. Para ello, Alarcón sugirió que se siga el conducto regular solicitando que la Cancillería pida formalmente a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia toda la información y las acusaciones específicas que sustentan la revocación de la visa de Mariaca.
Para el diputado Alarcón, lo que está en juego es la imagen internacional de Bolivia y la credibilidad del Ministerio Público. Subrayó que los cimientos de la democracia dependen de que el Ministerio Público garantice la lucha contra la delincuencia organizada y el narcoterrorismo. Según el parlamentario, las razones expuestas por Estados Unidos sugieren que el Fiscal General estaría actuando de manera opuesta a su mandato constitucional.
Finalmente, el Gobierno boliviano ha calificado las acusaciones contra Róger Mariaca como "muy graves" y ha anunciado que solicitará formalmente las pruebas al gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el Fiscal General, Róger Mariaca, ha respondido a la situación asegurando que "la función pública no puede estar condicionada por el temor".
