Fuerzas de seguridad bloquean protesta de trabajadores y estudiantes en el Zulia por mejoras salariales

Una movilización conformada por trabajadores, jubilados y estudiantes, que tenía como objetivo llegar al puente sobre el lago de Maracaibo este lunes, fue detenida por un despliegue de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La jornada estuvo marcada por intensos reclamos enfocados en la solicitud de mejoras salariales, la recuperación de beneficios laborales y respuestas concretas ante el progresivo deterioro de los servicios públicos que afecta al estado Zulia.

La concentración tuvo su punto de partida en el Rectorado Nuevo de la Universidad del Zulia (LUZ). En este espacio se congregaron profesores, trabajadores administrativos y obreros, quienes sumaron sus fuerzas a estudiantes y jubilados bajo una consigna central: “salario digno ya”. El grupo de manifestantes pretendía avanzar hacia el Puente General Rafael Urdaneta para visibilizar sus demandas; sin embargo, el paso fue bloqueado por los cuerpos de seguridad en las inmediaciones de la Circunvalación 1, ubicada en el municipio San Francisco.

El núcleo del reclamo no se limitó únicamente al monto de los ingresos mensuales. Los trabajadores manifestantes enfatizaron la necesidad urgente de recuperar las contrataciones colectivas, así como los beneficios laborales y las condiciones de seguridad social que han sido erosionadas con el tiempo. En este contexto, Jesús León, quien actúa como vocero de la Unidad Laboral del Zulia, advirtió que los diversos gremios no desistirán en sus acciones de calle mientras no reciban respuestas satisfactorias a sus demandas.

Durante su intervención, León fue enfático al señalar que las fuerzas vivas de la región han tomado una decisión firme sobre el rumbo de sus movilizaciones. En un mensaje directo dirigido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el vocero declaró: “Escuche, señora Delcy Rodríguez. Los trabajadores decidimos radicalizar las protestas en función de nuestros derechos laborales”.

El conflicto laboral registrado en el estado Zulia no es un hecho aislado, sino que forma parte de una jornada de protestas que se extendió este lunes a otras entidades del país. En el estado Bolívar, trabajadores de las industrias básicas llevaron a cabo el cierre de una vía de acceso a Ciudad Guayana durante varias horas, manifestando su hartazgo ante el deterioro de sus condiciones de vida y la falta de servicios básicos, específicamente en el caso de los trabajadores de SIDOR. De igual manera, en el estado Lara, el sector universitario salió a las calles para exigir un aumento de sus ingresos y garantías reales de seguridad social.

En el caso específico de la movilización zuliana, la protesta estuvo profundamente atravesada por el impacto negativo que los servicios públicos generan en la vida cotidiana de la población. Yeissel Pérez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de LUZ, cuestionó abiertamente a los funcionarios de seguridad sobre el efecto de los apagones constantes y los bajos ingresos. Pérez señaló que estas dificultades no discriminan y afectan también a quienes integran los cuerpos de seguridad del Estado.

“No permiten el ingreso de los trabajadores para protestar para que ustedes también vivan bien, porque a ustedes también se les va la luz, también cobran un sueldo de miseria. No parecen venezolanos”, expresó la dirigente estudiantil ante los efectivos que impedían el paso de la marcha.

A pesar de que el Gobierno Nacional ha implementado un esquema de bonificaciones para complementar las remuneraciones, la presión sobre los ingresos de trabajadores y jubilados persiste. El salario mínimo legal permanece fijado en 130 bolívares desde el año 2022, una cifra que los gremios consideran insuficiente. Por su parte, el Ejecutivo ha optado por anunciar ingresos mínimos integrales superiores mediante el uso de bonos. Un ejemplo de esto ocurrió en abril, cuando Delcy Rodríguez anunció un ingreso mínimo integral equivalente a 240 dólares mensuales, sin que esto implicara una modificación del salario mínimo establecido en la legislación vigente.

Esta distinción entre el salario base y las bonificaciones es precisamente uno de los puntos más críticos y cuestionados por los gremios laborales. Durante las recientes movilizaciones, los trabajadores han reclamado que las bonificaciones no pueden sustituir un aumento real del salario base. La razón fundamental radica en que los bonos no tienen incidencia sobre el cálculo de las prestaciones sociales, las pensiones ni otros beneficios laborales ligados al salario, lo que precariza la situación a largo plazo de los trabajadores y jubilados.