Un grupo de parlamentarios de la oposición ha recurrido a la Contraloría General de la República para cuestionar la legalidad de la adhesión de Chile al denominado “Escudo de las Américas”. Los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Jaime Bassa (FA) e Irací Hassler (PC) sostienen que el Gobierno presentó esta iniciativa como una coordinación voluntaria, omitiendo que el acuerdo contiene compromisos que, por su naturaleza, debieron ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional.
La tesis central de los legisladores es que el Ejecutivo habría incurrido en una falta de transparencia. Según el requerimiento, el Gobierno comunicó la incorporación de Chile como un mecanismo voluntario destinado exclusivamente a combatir el crimen organizado transnacional. Sin embargo, los parlamentarios argumentan que los compromisos suscritos van mucho más allá de la cooperación policial, calificando el acuerdo como un “tratado internacional encubierto” que excede las atribuciones del presidente José Antonio Kast.
El conflicto surge a partir de una contradicción detectada entre la comunicación oficial de la Cancillería chilena y la información difundida por el gobierno de Estados Unidos. El pasado 22 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el país se sumaba a un “marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos” para enfrentar la criminalidad transnacional, destacando beneficios como el intercambio de información, la capacitación policial, el análisis inteligente de datos y la coordinación en fronteras.
No obstante, en esa misma fecha, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica”, documento suscrito por los 15 países participantes, incluido Chile. Los diputados advierten que esta declaración establece tres pilares fundamentales: económico, seguridad y coordinación multilateral, abarcando materias que superan la simple cooperación policial.
Entre los puntos más críticos señalados por los requirentes se encuentran las cadenas de suministro de minerales críticos y la solicitud ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para estudiar una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Para los parlamentarios, estos puntos demuestran que el acuerdo tiene efectos concretos y precisos que obligan al Estado, independientemente de que el texto hable de “intenciones” o propuestas.
En este sentido, el diputado Luis Cuello fue tajante al señalar que el gobierno “ha engañado a los chilenos”, advirtiendo que se ha puesto en riesgo la soberanía sobre el cobre y el litio ante una potencia extranjera. Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) criticó que el país haya adoptado una posición “tan subordinada contra una potencia mundial” bajo la administración de José Antonio Kast.
Otro punto de fricción legal es el concepto de “soberanía hemisférica” utilizado en la declaración. Los parlamentarios sostienen que este término es incompatible con el artículo 5 de la Constitución Política de Chile, el cual establece que la soberanía reside esencialmente en la Nación. Según su interpretación, hablar de una soberanía colectiva o compartida entre Estados contraviene la definición constitucional chilena, razón por la cual han solicitado que la Contraloría exija a Cancillería el texto original y las firmas del documento.
Asimismo, los legisladores identificaron dos áreas donde los compromisos podrían chocar con la ley nacional. Primero, en el ámbito económico, la salvaguarda de suministros de minerales críticos podría requerir cambios en el régimen jurídico actual, especialmente en el caso del litio. Segundo, en materia de seguridad, la propuesta de activar mecanismos del TIAR para acciones colectivas podría facilitar la operación de fuerzas militares extranjeras en territorio chileno, lo que chocaría con las normas que regulan el ingreso de tropas al país.
Ante este escenario, los diputados solicitan que el organismo liderado por Dorothy Pérez requiera a la Cancillería todos los documentos, protocolos, anexos y memorándums que formen parte del Escudo de las Américas. El objetivo final es que la Contraloría determine si la incorporación de Chile fue legal y si las disposiciones contenidas en los instrumentos del acuerdo se ajustan a la Constitución y las leyes vigentes.
