El sector empresarial de Panamá ha manifestado su preocupación ante las reformas al Código Electoral aprobadas en primer debate por la Asamblea Nacional. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Apede, y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Cciap, exigen mayor transparencia y deliberación sobre las reglas que regirán los comicios de 2029.
Apede sostiene que el proyecto de Ley 699 debe basarse en consensos y no solo en decisiones de los diputados. Entre los puntos críticos se encuentran las restricciones a la facultad del Tribunal Electoral para reglamentar la legislación, el aumento de los topes de financiamiento privado y las modificaciones que afectan a las candidaturas por libre postulación y la democracia interna de los partidos.
Asimismo, el gremio rechazó que una persona pueda ser electa para dos cargos y conservar ambas titularidades, aunque solo ejerza una a la vez. También cuestionaron la reducción del plazo para perseguir delitos electorales y la permanencia del fuero penal electoral.
Por su parte, la Cciap advirtió que la reforma electoral no es un asunto exclusivo de los partidos políticos o de la Asamblea Nacional. Denunciaron que el primer debate se realizó en una jornada maratónica donde se introdujeron cambios de fondo sobre la marcha, limitando la participación de la sociedad civil. Para la Cámara, el segundo debate debe ser la oportunidad para revisar y corregir estos puntos con la participación del Tribunal Electoral y los gremios.
Esta controversia surge mientras el país analiza el informe de IDEA Internacional, que sitúa a Panamá por encima del promedio regional, pero resalta brechas en el Estado de derecho y la participación. Para el sector empresarial, queda por definir si estas modificaciones fortalecerán la equidad electoral o si introducirán nuevas barreras para ciertos actores.
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