La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido un informe detallado sobre el estado del cumplimiento de los derechos destinados a grupos vulnerables en Panamá. Según los datos proporcionados por la institución, entre enero y agosto de 2026, se atendieron un total de 375 quejas a nivel nacional. Estas denuncias están relacionadas con la vulneración de los derechos de jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, lo que ha derivado en la aplicación de sanciones económicas contra los comercios que incurrieron en infracciones.
El reporte de la Acodeco desglosa las inconformidades basándose en dos normativas principales que rigen los beneficios para estos sectores de la población. En primer lugar, la Ley 6 de 1987, orientada a jubilados y personas de la tercera edad, fue la que concentró la mayor cantidad de denuncias, acumulando un total de 324 casos durante el periodo mencionado.
Dentro de las irregularidades detectadas bajo la Ley 6, el análisis revela que los desacuerdos o el incumplimiento en la aplicación de la tasa de interés representaron la incidencia más alta, con 88 casos registrados. Asimismo, el descuento del 25% en restaurantes fue otro de los puntos críticos, generando 72 quejas. La institución también identificó 49 casos donde hubo una falta general en el otorgamiento del beneficio y 48 reportes referidos a la ausencia de los letreros informativos que, por ley, deben estar visibles en los establecimientos. Además de estos rubros, se reportaron quejas en sectores específicos como el transporte aéreo, la gestión de préstamos personales y las cadenas de comida rápida.
Como consecuencia de las investigaciones realizadas en primera instancia, la Acodeco procedió a aplicar medidas coercitivas contra los establecimientos infractores de la Ley 6. Se impusieron un total de 32 sanciones económicas que suman la cifra de $27,330.00. Es notable que, dentro de este monto, destacan 9 sanciones específicas relacionadas con irregularidades en las tasas de interés, las cuales ascendieron a $16,800.00.
Por otro lado, el informe detalla la situación respecto a la Ley 134 de 2013, la cual protege los derechos de las personas con discapacidad. En este ámbito, se registraron 51 quejas. La causa principal de estas denuncias fue la falta de rotulación informativa, con 29 casos reportados. A esto se sumaron 10 casos por la negativa u omisión en el otorgamiento del descuento correspondiente y 5 quejas relacionadas con el descuento en restaurantes. Las denuncias bajo esta ley abarcaron diversos rubros, incluyendo farmacias, clínicas, servicios de televisión por cable, internet y trámites de pasaportes.
En cuanto a las repercusiones legales para los infractores de la Ley 134, la Acodeco aplicó dos sanciones que suman un valor total de $600.00. Una de estas multas, por un monto de $350.00, correspondió a una infracción cometida en servicios de televisión por cable e internet, mientras que la otra, de $250.00, fue impuesta debido a la ausencia de rotulación informativa obligatoria.
Ante estos hallazgos, la entidad reguladora reiteró que los beneficios establecidos en ambas normativas están blindados por la ley, subrayando que su aplicación es de carácter obligatorio para todos los agentes económicos. La Acodeco enfatizó que los comercios y prestadores de servicios deben mantener la información sobre estos descuentos y beneficios visible para los consumidores, asegurando así que el derecho sea ejercido sin contratiempos.
Finalmente, el reporte menciona que el Ejecutivo se encuentra en el proceso de presentar un nuevo proyecto que busca ampliar y brindar más beneficios a estos sectores de la población, con el objetivo de fortalecer la protección y el bienestar de los jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad en el territorio nacional.
