En una medida orientada a salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil y docente, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad ha anunciado oficialmente que el año escolar concluirá el próximo 2 de diciembre. Esta decisión ha sido implementada como una acción preventiva frente a los riesgos inminentes que representa el fenómeno El Niño en la zona, buscando evitar que las precipitaciones y posibles desastres naturales afecten el desarrollo normal de las actividades académicas al cierre del ciclo.
Esta determinación en La Libertad no constituye un hecho aislado, sino que se suma a una tendencia observada en otras regiones del país que ya han tomado pasos similares. Un ejemplo claro es el caso de Piura, donde desde el pasado mes de julio se había acordado que el calendario escolar finalizaría el 27 de noviembre. Al igual que en La Libertad, la medida en Piura fue adoptada estrictamente como una acción de prevención ante las amenazas climáticas asociadas al fenómeno El Niño, anticipándose a los periodos de mayor vulnerabilidad.
Si bien la adopción de estas medidas preventivas es vista como un paso positivo para evitar tragedias, también abre la puerta a la posibilidad de que más regiones del Perú se sumen a esta tendencia en los próximos días. La incertidumbre climática y la fragilidad de la infraestructura educativa en diversas zonas del territorio nacional obligan a las autoridades regionales a tomar decisiones drásticas para mitigar los riesgos.
Sin embargo, más allá de la urgencia del momento, surge una interrogante inevitable y crítica sobre la gestión del sector Educación: ¿qué acciones concretas se han ejecutado desde el último gran impacto del fenómeno El Niño? La recurrencia de estas medidas preventivas pone en evidencia una problemática estructural que parece no encontrar solución a pesar del paso de los años.
Para comprender la magnitud del problema, es necesario revisar los antecedentes. El fenómeno El Niño de 2017 dejó una huella devastadora en el sistema educativo peruano, resultando en la destrucción de más de 2,000 colegios en todo el territorio nacional. Esta cifra refleja no solo la pérdida de infraestructura, sino el colapso de los espacios de aprendizaje para miles de niños y jóvenes. Posteriormente, el fenómeno de 2023 volvió a golpear con fuerza, afectando a más de 400,000 estudiantes, lo que demuestra que la vulnerabilidad del sector persiste a pesar de las experiencias previas.
El análisis de la respuesta estatal revela un patrón cíclico y repetitivo. Cada vez que el fenómeno El Niño se hace presente, el Estado reacciona siguiendo el mismo guion: se declara el estado de emergencia, se adelantan las fechas de término de las clases y se emiten promesas de reconstrucción. No obstante, una vez que la crisis climática remite, el proceso de recuperación suele ser deficiente.
La crítica radica en que, durante las etapas de reconstrucción, se tiende a repetir los errores del pasado. Se ha observado que se vuelve a construir utilizando los mismos materiales que resultaron insuficientes, se levantan estructuras en los mismos suelos inundables que ya han demostrado ser peligrosos y se mantiene una infraestructura precaria. En los casos más graves, el Estado simplemente no ejecuta las obras necesarias, dejando a las comunidades educativas en el mismo estado de vulnerabilidad que presentaban antes del desastre.
El Perú ha convivido con la certeza de que el fenómeno El Niño llegará durante décadas. A pesar de contar con este conocimiento previo, el enfoque gubernamental ha priorizado sistemáticamente la reconstrucción sobre la prevención. Esta cultura de la reacción, en lugar de una planificación sostenible, tiene un costo humano y educativo altísimo.
Cada año escolar que es recortado o interrumpido representa un tiempo de aprendizaje que los estudiantes no recuperan. Mientras que las controversias políticas diarias suelen ocupar la agenda pública, la pérdida de días de clase tiene consecuencias permanentes en la formación de los niños. El recorte del calendario escolar, aunque necesario como medida de seguridad inmediata, es el síntoma de un sistema que no ha sabido prevenir el impacto de un fenómeno climático previsible.
