Bolivia entra en una fase crítica de tensión económica y política. Tras aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ampliar el Estado de Excepción, el Gobierno impulsó un incremento en el precio del diésel, provocando el rechazo inmediato del sector transporte. Mientras los alcaldes negocian ajustes transitorios en las tarifas urbanas, la estrategia oficial parece apostar por la resiliencia de la población.
El regreso del presidente desde Naciones Unidas ha generado ruido. Sus declaraciones sobre gobernar "sin ideología" y una fotografía a puerta cerrada con Netanyahu han impactado la percepción de la clase media. Simultáneamente, surge un conflicto institucional: sectores de Santa Cruz, incluyendo al fiscal general Roger Mariaca, cuestionan el decreto 5515 sobre la presidencia cibernética, exigiendo que se respete la Constitución y se entregue el bastón de mando al vicepresidente Edmand Lara.
En el tablero político, el escenario se complica. Voces como las de Claudia Herbas y Rolando Pacheco ya advierten consecuencias, mientras el senador Nilton Condori ha ganado visibilidad al condenar el socialismo y acusar a Álvaro García Linera de buscar "plusvalía simbólica".
El punto de inflexión ocurrió en el ampliado convocado por Evo Morales en Lauca Eñe. Morales no solo permitió el discurso crítico de Condori, sino que lo respaldó, sugiriendo que el nuevo MAS podría alejarse del discurso de izquierda. El expresidente ha fijado un plazo claro: el 3 de octubre para revertir el aumento del diésel o, de lo contrario, iniciar movilizaciones a partir del 13 de octubre.
La mirada ahora está puesta en si los pueblos indígenas y la sociedad civil se sumarán a estas medidas frente a un contexto económico complejo que afecta principalmente a la población urbana.
Siguenos en Noticias lat para más noticias.
