El alcalde de la ciudad de La Paz, César Dockweiler, ha manifestado formalmente la necesidad de que el Gobierno Nacional realice una transferencia económica a la Comuna paceña para mitigar los efectos financieros derivados del incremento en el precio del carburante. La solicitud se centra en la implementación de un sistema de compensación que oscila entre los 45 millones y los 60 millones de bolivianos, fondos que serían destinados a amortiguar el impacto económico generado tras la eliminación de la subvención al diésel.
Esta solicitud surge en un contexto de creciente presión sobre las finanzas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). Según explicó la autoridad edil, la medida gubernamental que levantó la subvención del dólar provocó que el precio del litro de carburante experimentara un incremento, partiendo de los valores de Bs 9,80 y Bs 17,95 por litro. Este ajuste en los costos operativos ha generado una preocupación inmediata en la administración municipal debido a la dependencia de este insumo para diversas actividades críticas de la ciudad.
El objetivo principal de este sistema de compensación, según detalló Dockweiler en contacto con la prensa, es evitar que el incremento en los costos del combustible se traslade directamente al ciudadano. Específicamente, la alcaldía busca prevenir una subida en el costo de los pasajes de transporte urbano, una medida que consideran fundamental para mantener la estabilidad económica de los usuarios de la urbe. Asimismo, los fondos solicitados permitirían que la Comuna no tenga que detener ni reducir el ritmo de las obras que ya han sido encaradas y se encuentran en ejecución.
Más allá del transporte público general, la autoridad municipal puso especial énfasis en la sostenibilidad de servicios municipales esenciales. Entre ellos, destaca el Sistema de Transporte Municipal Pumakatari, cuya operatividad se ve directamente amenazada por el alza del combustible. Dockweiler subrayó que es imperativo garantizar que este servicio continúe funcionando sin interrupciones, ya que representa un pilar en la movilidad de los ciudadanos paceños.
De igual manera, la preocupación se extiende al funcionamiento de la maquinaria pesada de la alcaldía. Estos equipos son indispensables para las tareas de prevención y atención de riesgos y emergencias en la ciudad, labores que resultan críticas dada la topografía y las condiciones climáticas de la zona. La falta de fondos para cubrir el nuevo costo del diésel podría comprometer la capacidad de respuesta del municipio ante desastres naturales o situaciones de emergencia urbana.
Para gestionar esta problemática, el alcalde informó que ya ha tomado medidas administrativas. El pasado miércoles, remitió una nueva carta dirigida al presidente Rodrigo Paz, en la cual solicita formalmente una reunión. El propósito de dicho encuentro sería establecer mecanismos de flexibilización que permitan enfrentar el incremento del precio del diésel y asegurar que los servicios básicos y la infraestructura de la ciudad no se vean perjudicados.
En el análisis financiero presentado por la autoridad edil, se señaló que la situación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ya es delicada, pues la institución enfrenta una situación deficitaria. En este escenario, la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5716, el cual elimina la subvención al diésel, actúa como un factor de presión adicional que agrava el déficit presupuestario preexistente.
Finalmente, la estimación técnica del municipio ha precisado que, para cubrir el impacto total del incremento del costo del carburante, se requerirían entre Bs 45 millones y Bs 63 millones adicionales. Este monto cubriría específicamente la operatividad del sistema Pumakatari, el despliegue de maquinaria vinculada a la atención de riesgos y emergencias, y la continuidad de las obras públicas. La municipalidad queda ahora a la espera de una respuesta del Gobierno Nacional para concretar la transferencia de estos recursos y estabilizar las finanzas ediles.
